‘El periodismo se ha convertido en el nuevo enemigo interno en América Latina’, afirmaba esta semana un representante de la ONG ‘Campaña Emblema de Prensa’ (PEC, por sus siglas en inglés) en la sede de Naciones Unidas. Solo desde 2014 hasta agosto del presente año, 67 periodistas han sido asesinados en la región, según cifras de la organización. Un cuadro ‘espeluznante’ que evidencia que ‘más allá de conflictos tradicionales, la violencia es implacable contra la libertad de prensa’.
‘En Honduras y México se han perpetrado 19 asesinatos; en Brasil ocho, igual que en Colombia (contando el asesinato de Flor Alba Núñez el 10 de septiembre), cuatro en Paraguay; en Guatemala y República Dominicana, tres; dos en Perú y uno en El Salvador’, denunciaba Darío Cervantes en su comparecencia en Ginebra.
Para el miembro de PEC, los periodistas latinoamericanos se han transformado en el ‘blanco’ al que ‘deliberadamente’ apuntan los sectores de poder. Esto con un claro objetivo: construir un sistema mediático paraoficial con el que los gobiernos no tengan que rendir cuentas a nadie de sus acciones. ‘Una censura estratégica’ –dice– ‘que yugula la libre expresión, no solo contra la libertad de prensa sino contra el derecho que tiene la sociedad a la información independiente’.
Y, aunque esto no es algo nuevo, porque ‘desde la adopción de la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993 las amenazas contra la libertad de expresión no han cesado, lo que preocupa profundamente a esta ONG es que ‘la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos por la falta de voluntad de las autoridades para enjuiciar a los autores’.
Los casos detrás de las cifras
En teoría, los medios de comunicación, como cualquier individuo, deben disfrutar plenamente el derecho a la libertad de expresión, en particular, cuando se trata de asuntos relacionados a la política y la práctica gubernamental. No obstante, la realidad latinoamericana refleja todo lo contrario.
La situación más dramática sucede en México. En lo que va de año el PEC ha registrado nueve periodistas asesinados. ‘Trabajadores de los medios enfrentan en algunas partes de este país una inseguridad muy preocupante con intimidación por parte de las redes criminales, la corrupción de la policía, represalias brutales y la autocensura si quieren seguir con vida’.
‘En Honduras, donde los periodistas son blanco de las autoridades y la oposición, ya cinco fueron asesinados mientras hacían su trabajo’. Y la situación se repite en los demás países, de acuerdo con la organización: en Brasil al menos cuatro perdieron la vida; en Guatemala, tres fueron ultimados a tiros; dos en Colombia y en Paraguay, uno. Además, ‘la violencia va acompañada de otros agravantes como amenazas de muerte, desapariciones, atentados terroristas a instalaciones y la imposición de autocensura a los medios para acallar la voz de la sociedad representada en el periodismo’.
Darío Cervantes citó como ejemplo el caso de Ecuador donde Jannet Inostroza, periodista de la cadena Teleamazonas, fue amenazada de muerte por lo que tuvo que dejar su emisión. Igual pasó con la web y página de Facebook ‘Crudo Ecuador’, con la radio ‘Unión Nacional de Periodistas’ a la que luego de 34 años de trabajo el Gobierno le quitó la frecuencia que tenía; e incluso con la ONG Fundamedios, dedicada a la promoción de la libertad de expresión y la libertad de prensa en ese país, contra la que se fraguó un plan para disolverla. Afortunadamente la difusión internacional de la noticia y el amplio apoyo recibido por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), así como personalidades importantes, hizo que la decisión se desestimara semanas después, pero no siempre todos tienen la misma suerte.
‘En América Latina, el periodismo independiente y el derecho de la sociedad a la información se encuentran a fuego cruzado entre la agresión física de unos grupos, y las amenazas y acoso de otros, en una atmósfera de impunidad y corrupción sin límites’, manifestó Cervantes, que también aprovechó su discurso para hacer un llamado de atención ante lo que sucede en Venezuela. En 2014 la nación sudamericana registró su peor año en cuanto a las garantías a la libertad de expresión, según un informe publicado en enero por la organización no gubernamental Espacio Público.
Por ello, la petición de esta institución defensora de los periodistas es clara. ‘El PEC insta a los miembros del Consejo de los Derechos Humanos a que hagan todo lo posible para prevenir la violencia contra trabajadores de los medios, para asegurar la rendición de cuentas a través de la realización de investigaciones imparciales, rápidas y eficaces y llevar a los autores de esos delitos ante la justicia y garantizar que las víctimas tengan acceso a los remedios apropiados’.
