El periodismo venezolano vive uno de los períodos más difíciles de su historia reciente fruto de la situación política. Solo en 2015 se registraron 287 violaciones a la libertad de expresión, siendo el tercer año con mayor cantidad de denuncias en 14 años de registro. Afortunadamente (aunque las cifras poco tienen de positivo), esto representa una disminución de 50,43% respecto a los atropellos sufridos por los periodistas y población civil en 2014 y 2009, donde se superaron las quinientas. De acuerdo con un informe publicado por la asociación Espacio Público, llamado Situación general del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela (enero-diciembre 2015), la confrontación física durante la cobertura de calle, así como el discurso ofensivo por parte de funcionarios públicos ha dañado en muchos aspectos el periodismo crítico e independiente en el país.
El punto álgido, señalan, se vivió en el marco de las pasadas elecciones legislativas. “Entre el 2 y el 6 de diciembre se contabilizaron 38 casos: 31 intimidaciones, cuatro amenazas y tres agresiones. El impedimento a la cobertura periodística en los centros de votación fue la denuncia más frecuente, así como la retención de periodistas y la eliminación de material audiovisual por parte de funcionarios policiales y militares”.
Existe un círculo vicioso que alienta un clima de enfrentamiento, donde quienes cuestionan, denuncian o buscan información son tratados como enemigos públicos. La principal consecuencia: una prensa inhibida y una sociedad desinformada”.
Intimidación y hostigamiento
Considerada como el impedimento de la cobertura mediante restricciones de ingreso o desplazamiento en espacios públicos, asalto y confiscación de equipos, la intimidación, fue el tipo de violación más frecuente durante el año, con 93 ocurrencias. El 28,83% del total (31 casos) se registraron en la semana de las elecciones legislativas, acompañadas muchas veces de hostigamiento verbal. Sin embargo, en el resto del año estas violaciones eran comunes en el contexto de las colas para la obtención de productos básicos a las afueras de los establecimientos.
“Se impidió la toma de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola. Entre enero y diciembre de 2015 se registraron 20 casos con un total de 29 periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos afectados en su derecho a buscar información”.
Censura, ataques y agresiones
La censura se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente, con 47 casos que representan el 16% de las violaciones. “Los dueños o directiva de medios de comunicación fueron censores en el 34,78% del total de casos. El tratamiento de temas incómodos para la gestión gubernamental es el denominador común por parte de la directiva de medios de comunicación”.
Para Espacio Público, esto se debe a la compra-venta de medios críticos con el fin de cambiar la línea editorial hacia una postura favorable a la línea del gobierno. “El despido y la salida de artículos, por diferencias respecto a la línea editorial o la emisión de opiniones políticas a través de cuentas personales de los periodistas describen la mayoría de los casos”, incluye el informe. Con respecto a los ataques y agresiones hacia periodistas y reporteros gráficos, la organización registró de enero a diciembre 32 casos. “En la mayoría de ellos haberse identificado con carnet de prensa ocasiona mayor ensañamiento y violencia en su contra”.
Restricciones administrativas y legales
Las medidas administrativas y legales hacia profesionales de la comunicación de Venezuela sumaron 23 casos. “Si bien se redujeron en un 15% con respecto al año anterior, esto no mitiga su dramático alcance al estar orientado a silenciar informaciones incómodas para el gobierno nacional, a través de restricciones indirectas en la mayoría de los casos”. El informe plantea el problema de la escasez de papel prensa como ejemplo concreto de estas políticas que afectaron a 11 medios impresos nacionales y regionales. Algunos de los cuales tuvieron que reducir su formato, mientras que otros salieron de circulación de forma temporal, tras retornar, pero con limitaciones de inventario.
También denuncia la aprobación el 10 de diciembre la Ley de Comunicación del Poder Popular que establece que se le dará prioridad a los “Medios de Comunicación para el Poder Popular” sobre el espectro Radioeléctrico Nacional, así como la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), por parte del presidente Maduro, el 30 de diciembre de 2015, un día antes del vencimiento de la Ley Habilitante. En esta se modificaron varios artículos, entre ellos el 40, 42 y 87, sobre particulares que representan obstáculos en el acceso a la información pública al someter a discreción la suspensión de publicación de informes, de manera que legaliza la restricción de información de temas de interés colectivo.
Hostigamiento judicial y amenzas
El hostigamiento judicial registró un total de 18 casos entre amenazas de querellas y demandas efectivas en tribunales nacionales contra periodistas y medios de comunicación principalmente por la difusión de información que cuestiona la actual gestión gubernamental. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de acción es la demanda y prohibición de salida del país a 22 directivos de los periódicos Tal Cual, El Nacional y La Patilla por haber replicado una información publicada por el diario español ABC, que vincula al diputado Diosdado Cabello Rondón, expresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con el narcotráfico.
“A los periodistas y reporteros gráficos se les amedrentó e incluso amenazó de muerte, tanto de forma directa durante la cobertura de calle como a través de las redes sociales, a fin de impedir la difusión de información, en particular denuncias sobre fallas de servicios o críticas a la gestión de gobierno. 17 casos con estas características se registraron en 2015”.
¿Quiénes son las víctimas?
Periodistas, reporteros gráficos, medios de comunicación y trabajadores de la prensa (camarógrafos, asistentes, conductores) suman el 90% de los afectados. Le siguen los directivos de medios, con seis ocurrencias que corresponden a los casos Tal Cual, La Patilla, El Nacional y 6to Poder, con demandas judiciales en su contra.
El hostigamiento a la fuente se manifestó en represalias contra representantes gremiales por declarar sobre temas sensibles a la administración estatal que movieron la opinión pública en Venezuela. Descalificaciones y detenciones fueron algunos de los métodos usados para silenciar asuntos de dramática importancia para los venezolanos como la inseguridad, la salud y la alimentación.
Los principales responsables de estas violaciones fueron los cuerpos de seguridad del Estado, con 65 casos. Una tendencia que también estuvo el año anterior, donde ocasionaron 100 violaciones (28%). “Los funcionarios arremetieron contra la prensa en 53 oportunidades. De acuerdo a la tendencia registrada durante el 2015, el político Diosdado Cabello, se mantuvo como el principal victimario entre los servidores públicos. El 39,62%, es decir, 21 de 53 arremetidas contra la libertad de expresión por parte de funcionarios fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales contra medios de comunicación y periodistas.
Ante este preocupante contexto nacional, la asociación exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan impedir su realización. “La necesidad de diálogo y debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades para la participación de las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del país y permitiendo la mejora de la calidad de vida”.
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