En una investigación realizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela a 227 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en 16 estados del país, todos admitieron que “ante diferentes hechos, fuentes y circunstancias, habían pensado con detenimiento las consecuencias que se podrían derivar de su función informativa sobre asuntos que son de interés público, al punto de bordear la autocensura”. Todos. Independientemente de si trabajaban en medios privados, comunitarios o estatales.
Pero, ¿cuáles son las causas de este comportamiento? De acuerdo con los resultados del “Estudio 2015: Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación”, el 37% ha preferido ser cauto y guardar silencio por las amenazas de acciones legales, que los podría llevar a enfrentar procesos civiles o penales ante las instituciones estatales. Los otros, aunque no recibieron amenazas, al ver lo que ocurre en su entorno, prefirieron ser precavidos y callar.
De los participantes, 30% dijo que esta realidad obedecía a los procedimientos judiciales abiertos contra medios y periodistas. A 21% le preocupó la aplicación de las disposiciones sobre difamación e injuria, establecidas en leyes penales de Venezuela; el 24% lo hizo por las medidas de silencio que se han aplicado contra medios nacionales y regionales; el 23% por las acciones de seguimiento policial; ese mismo porcentaje por las acusaciones del gobierno en las que se tacha a los periodistas de “terroristas” (23%); y finalmente por las constantes descalificaciones en medios estatales (14%), medios comunitarios (12%); y en medios privados (6%).
“La autocensura es un síntoma que amerita atención con apremio, pues da cuenta de una sociedad desvirtuada ante los excesivos controles y las órdenes de silencio. Estos rasgos complejos le plantean un desafío al periodismo venezolano. Requiere más autonomía, libertad y pluralidad”, señala el informe que IPYS Venezuela ha denominado Periodismo en arenas movedizas.
El círculo de la censura en Venezuela
Cuando la difusión de una información puede afectar no solo la seguridad del periodista, sino la de su fuente, medio de trabajo, familiares o “una persona inocente”, se entiende porqué muchos temas se vuelven intocables. De acuerdo con los encuestados los tópicos sobre los que hubo más restricciones en el 2015 fueron: conflictos con autoridades del gobierno (35%); situaciones que expongan al medio o al periodista al riesgo de ser demandado (30%); escasez de alimentos e insumos (30%); intereses de una fuente que se quiere proteger (27%); hechos de violencia (23%); seguridad nacional (19%); intereses o puntos de vista de los anunciantes (18%); control cambiario (18%); conflictos con grupos de manifestantes violentos (15%); infancia (14%); moral pública (10%); tráfico y consumo de drogas (9%).
Incluso, señala el estudio, dueños y directivos de medios prohibieron a sus empleados cubrir una fuente en particular. “Bajo estas órdenes se consolida una máxima dentro de las salas de redacción de los medios de comunicación: para el periodismo hay temas y personajes que no se pueden escrutar. Así, 36% de los periodistas aseguró que sus jefes les han prohibido nombrar a actores específicos”.
Este círculo de censura en Venezuela se completa con otro aspecto: un cuidado especial a la hora de elegir las palabras para transmitir las noticias. “Del total de la muestra, 34% reveló haber recibido órdenes expresas para cambiar la redacción, el lenguaje empleado regularmente o términos específicos de la información, para suavizar o disimular el impacto de las noticias”. Los que no hacen eso deberían abstenerse de publicarla a pesar de que planteaban una situación de evidente interés público. ¿El motivo? Las presiones que ejercen las diversas fuerzas de poder.
“Al menos 41% tuvo conocimiento de que el medio o la institución de comunicación para las que trabajaban, en ese momento, recibieron exhortaciones externas para evitar la publicación de determinada información. También 30% supo de órdenes que formularon altos funcionarios del Estado para obligar al medio de comunicación a publicar boletines, notas de prensa e informaciones emitidas por organismos oficiales. Y un 48% describió que en el medio para el que laboran se rectificaron informaciones que fueron debidamente verificadas, luego de exhortaciones hechos por organismos gubernamentales”.
Para IPYS Venezuela otro aspecto determinante que ha trastocado el buen ejercicio periodístico, debilitando la independencia y autonomía informativa, ha sido la compraventa y cambios en la gerencia de medios de comunicación. Un aspecto curioso es que 28% de los periodistas que participaron en la investigación afirmaron desconocer quiénes son los propietarios de las empresas para las que trabajan.
Urge legislar
Aunado al ambiente de censura y autocensura, otro flagelo se cierne sobre el periodismo venezolano: la impunidad. La organización manifestó que el cien por ciento de los encuestados fue víctima de algún tipo de violación a la libertad de expresión en su ejercicio periodístico, pero el 61% no denunció por considerar que no encontrarían una resolución adecuada a sus problemas, ante las correspondientes instituciones del Estado. Muchos prefirieron tomar acciones al margen de la ley para resolver los conflictos (22%) y otros optaron por la denuncia pública ante los medios de comunicación (20%) o ante una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión (15%).
“IPYS Venezuela insiste en la necesidad de que se ofrezcan mecanismos de protección que salvaguarden a los periodistas para que puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones. También es urgente que las instituciones de justicia investiguen y sancionen, a profundidad y sin sesgos, las violaciones a la libertad de expresión, pues la impunidad abona la tierra de la censura y la autocensura”, exigen en el informe.
De ahí que 8 de cada 10 crea necesario legislar en algunos de los aspectos que abarca el periodismo. 97% de los consultados ve prioritario la elaboración de una Ley de Acceso a la Información Pública, 93% pide una de Protección a Periodistas, 90% cree que sería útil una de Reserva de Fuentes, el 87% considera necesario generar una Ley de Medios de Servicio Público, 85% piensa que es indispensable una legislación para el uso de Internet y, finalmente, 60% coincide en que es imprescindible una Ley de Infracciones Civiles. “Estos resultados muestran los rasgos de un país que para avanzar amerita que se respeten las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”, concluye el informe.
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