Al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos de España le ha salido cara la campaña de publicidad “Un protésico no es un dentista” puesta en marcha en 2009 y difundida a través de varios medios de comunicación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha multado con 234.738 euros porque considera que con esta campaña se llevó a cabo un grave intento de denigrar a estos profesionales y que se atentó contra los intereses de los pacientes.
En ella, los dentistas advierten a los protésicos de sus “serias intenciones” y se anima al colectivo a evitar por todos los medios que los pacientes pudieran elegir libremente a un protésico dental. Según la CNMC, estas disposición, además de restringir la competencia entre los protésicos dentales, significaba que el interesado no pudiera contrastar precios de prótesis, por lo que los usuarios podrían haber pagado facturas más elevadas. Y es que, dado que es el odontólogo quien factura al paciente, unos precios de las prótesis más elevados pueden redundar en precios del tratamiento más altos también.
Por otra parte, acusa al Consejo General de Densitas de influir para que sus colegiados pactaran sus honorarios, aun sabiendo que esto está prohibido por la ley. “En 2008 el Consejo General encargó un estudio sobre las tarifas que cobran los dentistas, con el objetivo de que sirviera de referencia para que los dentistas fijaran sus tarifas, una vez que la reforma de la Ley de Colegios Profesionales había prohibido los honorarios orientativos; el estudio fue difundido por el Consejo General de Odontólogos entre los dentistas colegiados por diversos medios en 2011”, indica la CNMC.
El organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional explica que “la publicación de honorarios orientativos fue prohibida, precisamente, para fomentar la competencia en precios entre los profesionales y beneficiar a los usuarios
En su comunicado, la CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa. Sin embargo, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Así lo hará el Consejo de Dentistas, quien se resiste a pagar esta cantidad porque entiende que los hechos denunciados “no constituyen ninguna infracción de la normativa de competencia y que, por lo tanto, no son merecedores de ninguna sanción”. El máximo órgano de representación de los dentistas españoles aclara que no vulneró los derechos de los protésicos dentales y defiende que los pacientes no pueden imponer a los dentistas la elección de un determinado protésico: “La propia actividad del protésico, para la cual tiene plena autonomía, se enmarca dentro del tratamiento asistencial que corresponde en exclusiva al dentista”.
El Consejo de Dentistas niega haber denigrado a los protésicos dentales y considera una “falacia” que los pacientes hayan pagado precios más altos: “Esta afirmación no se corresponde con la realidad puesto que el dentista no percibe ningún margen de beneficios de las prótesis, y en las facturas tienen que aparecer de manera desglosada los precios del tratamiento y los costes del laboratorio de prótesis”. Igual de contundente se muestra el Consejo con la acusación de que haya recomendado pactar tarifas. “El informe solicitado no era un baremo de honorarios ni tenía como objetivo dar recomendaciones a los profesionales ni estaba dirigido a ellos, sino que pretendía establecer unos estándares indicativos para los propios pacientes y consumidores”, concluye.
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