Los periodistas mexicanos despertaban este martes en estado de alerta por la desaparición forzosa de una de sus colegas. Anabel Flores Salazar, reportera de los diarios El Sol de Orizaba y El Buen Tono, en Veracruz, fue secuestrada por un grupo de hombres armados mientras dormía en su casa. La alerta se transformó en indignación cuando, 24 horas después, fue hallada muerta, semidesnuda y maniatada al borde de una carretera del Estado de Puebla, limítrofe con su ciudad.
La periodista de 32 años escribía notas de información policial, sucesos y crimen organizado. Era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. La muerte de Flores Salazar es la número 11 cometida contra periodistas en Veracruz desde que el político Javier Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es gobernador. Si se toma en cuenta los asesinatos a reporteros desde el 2000, la lista se eleva a 17.
De acuerdo con sus familiares, Anabel Flores fue sustraída de su domicilio alrededor de las 02:00 de la madrugada del lunes por hombres armados y vestidos con uniformes militares, chalecos antibalas y pasamontañas. Aprovechando que uno de los habitantes de la casa entraba, los desconocidos accedieron a la residencia y luego de buscarla en todas las instancias, la raptaron.
Aunque las autoridades aseguran que “se agotan todas las líneas y se indagan todos los probables vínculos de la reportera”, las primeras versiones que hicieron pública fue relacionar a Flores Salazar con un supuesto miembro del crimen organizado detenido por el Ejército Mexicano el pasado 30 de agosto. Esto ha enojado a muchos periodistas por considerar que solo busca desacreditar su nombre sin presentar pruebas y justificar el hecho.
“Ya la están incriminando […] y colgando cosas que nunca sucedieron. Quieren voltear las cosas para dañar a una persona por el medio en el que se mueve que es la línea periodística policiaca”, dijo una fuente anónima a Artículo 19. “Resulta alarmante que a pocas horas de haber comenzado la investigación, la FGE de Veracruz, establezca en su primer comunicado un posible vínculo de la periodista con la delincuencia organizada, culpabilizando a Anabel Flores, y violando su debido proceso. La obligación de las autoridades de procuración de justicia en investigar y no criminalizar a priori a las víctimas, más en un contexto donde se ataca de manera constante a quienes ejercen el periodismo”, expuso la organización mexicana a través de su página web.
Desde que se conoció de su desaparición el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo haber activado todos los protocolos especializados del convenio firmado con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Mientras que el fiscal especial en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, José René Álvarez, se trasladó a la región para atender personalmente las pesquisas y operativos que conlleven a la ubicación de la víctima y conocer las causas que originaron los hechos, explicó la Fiscalía General del Estado (FGE), en un documento difundido a los medios de comunicación.
Organismos nacionales e internacionales se pronunciaron rápidamente y exigieron la liberación de la comunicadora. “Estamos conmovidos por este secuestro e instamos a las autoridades mexicanas a hacer todo lo que esté en su poder para localizar a Anabel Flores Salazar y traerla a un lugar seguro”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Agregó que “Veracruz se ha convertido en una de las regiones más peligrosas para la prensa en todo el mundo, dónde se limitan los derechos de los ciudadanos a acceder a información vital sobre la crimen y la corrupción [por lo que] el gobierno federal de México debe ponerle un fin a este ciclo interminable de violencia y enjuiciar a los autores de este crimen”.
Desafortunadamente, las presiones de periodistas, medios de comunicación y organismos internacionales no lograron su cometido. Anabel Flores Salazar pasa a formar parte de una larga lista de comunicadores mexicanos que han sido ultimados por causas relacionadas a su profesión. Gregorio Jiménez “Goyo”, reportero del diario Notisur; Regina Martínez, corresponsal de la revista de investigación Proceso y Moisés Sánchez, editor del semanario La Unión, son solo algunas de las voces que han sido calladas en Veracruz y que aún siguen en total impunidad.
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