“El mutismo ha rodeado a las autoridades estatales alrededor de las investigaciones y denuncias de narcotráfico que supuestamente vinculan a personas cercanas a funcionarios de gobierno. La cautela y el silencio también han permeado en la cobertura periodística”. Esta es la conclusión del último estudio que la organización IPYS Venezuela ha realizado. El tema central ha sido el tratamiento que los medios del país hicieron a las informaciones sobre el apresamiento de los sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores.
Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas se encuentran bajo investigación de Estados Unidos por supuestas irregularidades en el tráfico de drogas. A pesar de ser un hecho de interés público, durante las primeras 48 horas, al menos 35 medios en 11 estados del país no publicaron en sus versiones impresas ninguna información en torno a la detención, según el monitoreo que hizo IPYS Venezuela. Esto supone, dice la organización, un síntoma poco saludable para la libertad expresión en el país.
Presos del mutismo
Luego que el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó en su versión digital en español, en horas de la tarde del 11 de noviembre, que agentes de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) habrían detenido a Efraín Antonio Campos Flores y a Francisco Flores de Freitas en Puerto Príncipe, Haití, acusados de transportar 800 kilos de cocaína al país norteamericano, pocos fueron los que se atrevieron a replicar la noticia.
Las versiones web de El Nacional, Nueva Prensa de Oriente, El Informador, El Sol de Margarita y el portal digital Aporrea, fueron los primeros medios venezolanos que reseñaron la información el 11 de noviembre de 2015, en base a lo publicado en periódicos y agencias internacionales, tales como WSJ y Associated Press (AP), respectivamente.
Para ese momento no hubo pronunciamiento de las autoridades oficiales del gobierno nacional respecto a la situación, si acaso una mención del cónsul del Estado venezolano en Nueva York, quien según WSJ había sido puesto al tanto de lo ocurrido por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Un día después, el 12 de noviembre, el tema comenzó a circular en prensa escrita, reseñada en las primeras planas de los impresos El Nacional, El Tiempo, El Carabobeño, La Mañana, Pico Bolívar, Diario Los Andes, Diario La Nación, Versión Final, El Impulso y El Informador. Esto equivale a 28.6% de los 35 periódicos monitoreados para este reporte. De esta cifra, ocho también lo hicieron en su versión digital.
Entre agosto de 2013 y septiembre de 2015, ocho de estos medios denunciaron a IPYS Venezuela fallas en las ediciones impresas debido a obstáculos en el suministro de papel periódico y el alto costo de planchas y películas fotográficas. Lo preocupante, sin embargo, es que 71.4%, es decir, 25 de los 35 periódicos monitoreados no publicaron la información en sus portadas ni en sus páginas internas ese día, y solo diez de ellos divulgaron la información en sus versiones digitales.
No obstante, pocos vincularon a los detenidos con la familia presidencial. “Dos medios los identificaron como sobrinos de la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que los otros utilizaron palabras como “familiares”, “sobrino y ahijado” y “supuestos familiares”. Ante este escenario, IPYS Venezuela hace un llamado a las fuerzas estatales, no estatales y a los directivos de medios de información a que garanticen las condiciones necesarias para que los profesionales del periodismo puedan ejercer su labor sin ningún tipo de presiones, amenazas y riesgos.
“La opacidad informativa de la fuente oficial y las acciones legales emprendidas en contra de periodistas y medios de comunicación, luego de publicaciones de información de interés público, condicionan el ejercicio periodístico, sobre todo cuando se trata de hechos violentos producto de la inseguridad y denuncias de corrupción en la gestión pública, entre otros”.
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