Ante el revuelo social suscitado por las detenciones efectuadas a primera hora de la mañana de hoy por parte de la Policía y que afectan a la cúpula de Vitaldent por supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedad, estafa y delitos contra la Hacienda Pública, consumidores y dentistas han difundido sendos comunicados en los que piden que, por encima de todo, se respeten los derechos de los pacientes. El Consejo General de Dentistas de España, máximo Organismo de representación de la profesión, ha pedido a la Administración que garantice los derechos de los profesionales sanitarios, pero también de los pacientes que pudieran verse afectados por esta situación.
“En este modelo de negocio es común que prime el interés económico por encima de la salud de los pacientes y se caracteriza por utilizar campañas de publicidad muy agresivas con la intención de captar el mayor número de clientes (que no pacientes) y lograr que estos financien los tratamientos para percibir un beneficio económico de manera inmediata”, detalla el Consejo de Dentistas en su comunicado oficial. Además, recuerda tanto pacientes como muchos profesionales son víctimas de este modelo de negocio que se lleva permitiendo desde hace décadas en nuestro país.
En relación a la financiación de los tratamientos, el Consejo General insiste en reclamar que se articulen las acciones necesarias para que, si cesa la prestación del servicio, pueda interrumpirse el pago de las cuotas de manera inmediata y se lleve a cabo la condonación del crédito suscrito. Además, el paciente debería disponer en todo momento de toda la información necesaria para poder proceder a tal efecto.
La Asociación General de Consumidores, ASGECO CONFEDERACIÓN, también ha pedido dar prioridad a los derechos de los consumidores en su comunicado: “Los hechos supuestamente delictivos no tienen que ver con el funcionamiento de las franquicias de la marca. En estas condiciones, los consumidores deben ser muy conscientes de que no tiene por qué afectarles estas detenciones y que se les deben realizar sus tratamientos en las mismas condiciones que pactaron, con la misma calidad y precio”. Advierten a los usuarios de que deben reaccionar y denunciar cualquier cambio de condiciones en la prestación de los servicios contratados, así como en las calidades de los mismos, en el tiempo de ejecución o la propia negativa a seguir con la prestación contractual pactada.
En esta línea, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) insta a las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo para la urgente e inmediata toma de medidas y actuaciones contra esta red de clínicas franquiciadas, en línea de salvaguardar los derechos, y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios que hayan podido verse afectados por esta situación. “Desde esta organización se vienen echando en falta desde hace tiempo actuaciones más contundentes y diligentes tanto por parte de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), como de la propia Dirección General de Consumo”, indican.
El Consejo General de Dentistas de España aprovecha para dejar claro que es absolutamente necesaria la implicación del Gobierno de España en el sector de la Odontología, para lograr un cambio normativo que haga posible que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales, y así vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional. De esta forma se evitaría que el control de las clínicas dentales estuviera en manos de empresarios ajenos al sector que lo que persiguen en la mayoría de las ocasiones es obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible.
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