Internet nos ha abierto las puertas a un consumo online que dista de parecerse al que, tiempo atrás (no hace falta viajar mucho) disfrutábamos a través de la televisión o, en menor medida, la inmensa pantalla de un cine. Plataformas de pago como MovistarPlus (antigua Yomvi) o Netflix tienen parte de culpa de este cambio hacia un consumo a la carta aunque no son las únicas.
Existen otras que, de forma ilegal, ofrecen todo tipo de contenidos que, si bien ahorran unos euros a aquellos que las eligen, abaten a una industria que sufre por su actividad.
Por ello, a la hora de enfrentarnos a este consumo online del que hemos hablado inicialmente, hemos de tener claro, como consumidores, que: “Es perfectamente legal siempre y cuando se utilicen plataformas legalizadas”. Hablamos, en voz de Pablo Usle, abogado (y experto) de Ontier Abogados, de esas que: “Ofrecen contenidos con la autorización de los titulares de los derechos y, en su caso, con la licencia de las entidades de gestión correspondientes”. Fuera de este marco, estaremos entrando en un terreno farragoso que, muy a pesar de lo que puedan opinar los afectados: “No es considerado un delito, sino un ilícito civil”.
Esto, en lo relativo a las plataformas. Si apuntamos el dedo hacia la persona, en singular, que está realizando el consumo online de forma directa e “ilíticita”, sólo podremos hacer eso, y hablar de ética, ya que: “Los usuarios no son perseguidos por la comisión de estas infracciones”. Un hecho que, como ocurría en el paso de los manteros, puede parecer extraño y se debe: “A la gran cantidad de infractores y la dificultad de identificarlos”. Un hecho que a no gusta a mucho, sobre todo porque fuera de nuestras fronteras sí que existe un mayor control al respecto: “En otros países de nuestro entorno, como Francia, sí se ha optado por perseguir a los usuarios. De hecho estos, en el caso de que accedan a contenido ilícito de forma reiterada, pueden sufrir elevadas sanciones económicas”.
La justicia se está poniendo las pilas
Es verdad que, de un tiempo a esta parte, las autoridades están más concienciadas con respecto a este consumo online fraudulento. Como bien nos comenta Pablo: “Poco a poco se van dando pasos” los cuáles se ven reflejados en el hecho de que: “Son más las plataformas ilícitas que deben poner fin a su actividad”. Un hecho que alivia la presión de las empresas (y personas) afectadas, la cuales deben pasar por un proceso largo y tedioso para llegar a la meta, ya que: “La clausura de tales sitios web debe realizarse de manera individual, tras demostrarse su ilicitud ante los tribunales ordinarios o ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Y si bien es cierto que este último mecanismo es más rápido, debe completarse un proceso que puede prolongarse algunos meses”.
En este proceso, muchas de estas “webs” que se deben al contenido online ilícito utilizan la carta de la “ausencia de alojamiento” para tratar de librarse de los cargos. Un razonamiento que, en lo relativo a la vulneración de la propiedad intelectual: es irrelevante, ya que también se pueden infringir estos derechos del titular del contenido cuando se induce, o directamente se enlaza, a tales contenidos situados en una web externa conociendo que estos son ilícitos”. De hecho, y como bien nos comenta nuestro experto, tenemos un caso reciente que clarifica esta afirmación que él nos expone: “Tras la reciente sentencia recaída en el asunto GD Media, publicada el pasado 8 de septiembre, se presume que los sitios web que enlacen a contenidos ilícitos estarán vulnerando derechos de propiedad intelectual si se lucran con su actividad, aunque realmente no sepan que el contenido enlazado es ilícito”. Una respuesta de la justicia que deja fuera de juego la defensa de muchas de estas plataformas que operan al margen de la ley. Ya no podrán, incluso, saltarse la ley trasladando sus operaciones al extranjero: “Es posible que los tribunales o determinados órganos administrativos soliciten a los ISPs (Internet Service Provider) que bloqueen el acceso a estos sitios web desde España”. Se van quedando sin salidas.
¿Podrán operar si se les corta el grifo “económico”?
El motivo central que lleva a estas páginas web de consumo online a trabajar al margen del mundo no es otra que el dinero. Ingresos que se obtienen: “De la publicidad que incluyen en sus sitios web”. Así, las acciones actuales se están centrando, ante los problemas que incluyen otras vías, en cortar esta fuente de ingresos, vital en la mayoría de los casos: “Es lo que se ha llamado el principio ‘Follow the Money’ conforme al cual se pretende dificultar la actividad de los sitios web que alojan o enlazan a contenido ilícito reduciendo su principal fuente de ingresos”. Un paso, este que se ha dado, para el que se cuenta, primero: “Con la colaboración de las compañías anunciantes, que normalmente no quieren que su reputación se vea afectada” y segundo: “Con las principales compañías de pago que operan en la red, que permiten que sus herramientas de pago/cobro sean utilizadas por estas compañías”.
Los usuarios se libran… ¡De momento!
Como bien decíamos inicialmente, los máximos (y únicos responsables) de este consumo online fraudulento son aquellos que lo ofrecen. Así, y a diferencia de lo que sucede si nos pillan comprando un bolso de imitación en plena calle a un mantero, el disfrutar de una película, aún en cartel, a través de Internet en plataformas que no cuenta con los permisos correspondientes no supone ningún peligro para nosotros: “El Código Penal español no contempla la responsabilidad penal de los usuarios. De hecho, tampoco se les persigue en el ámbito civil”. Esto lleva a que, por mucho que un usuario se salte, de manera reiterada, los derechos de toda producción: “Es improbable que sea condenado siquiera a abonar una indemnización”.
Así, por mucho que las autoridades peleen por erradicar esta lacra, el principal problema, la raíz del mismo, seguirá existiendo ya que, como bien nos comenta Pablo: “La existencia de contenidos ilícitos en Internet se explica fundamentalmente porque aún hay demanda de ellos”. La eterna pregunta, que nadie sabe responder de forma clara, es: ¿Cómo podremos, entonces, darle la vuelta a la situación? Un paso será: “Ampliar la oferta legal. Con ello, llegará un momento en que los usuarios proclives a la piratería ni siquiera se lo planteen, ya que dispondrán de muchos contenidos de calidad a un precio reducido”. Mientras, tendremos que continuar cohabitando con un problema que, poco a poco, apaga la llama de nuestra creatividad.
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