La demanda –y posterior desmentido- interpuesta por el empresario venezolano Javier Alvarado Ochoa, presidente de Electricidad de Caracas y en su día viceministro de Desarrollo Energético, contra la editora de El Mundo y diferentes responsables de Unidad Editorial y del periódico pone en evidencia la instrumentalización mediática que se ha hecho de las intervenciones de Banco Madrid y Banca Privada d’Andorra (BPA). Se ha intentado vender a dos entidades bancarias como un pozo sin fondo de irregularidades penales, pero finalmente sin pruebas reales.
El Mundo bajó la cabeza sin poner ninguna coma ante la petición de Alvarado y reconoció ante el juez en un acto de conciliación que no tenía manera alguna de sostener sendas informaciones publicadas en el rotativo madrileño en marzo del 2015 y abril del 2016, en las cuales mantenía que jerarcas del ‘chavismo’ habían usado Banco Madrid y BPA para blanquear. Este es el penúltimo ejemplo de la magnificación de unos casos que supuestamente evidenciaba como los dos citados bancos eran el instrumento preferido para lavar dinero, dos entidades que ya estaban bajo control de reguladores de España y Andorra sin que ello hubiese supuesto ninguna anomalía relevante.
Precisamente, que el banco andorrano y su filial española tuvieran clientes venezolanos sería uno de los motivos que más habría alentado a los Estados Unidos a emitir la nota -a través de la FinCEN, el órgano del departamento del Tesoro que lucha contra el lavado de capitales- que pondría en marcha la maquinaria que acabó con BPA y Banco Madrid. Aquella nota de las autoridades americanas ahora ya retirada se sustentaba en poco más que datos indiciarios nada contrastados y ya superados en el mismo momento de hacerse público el Notice el 10 de marzo del 2015.
Relaciones delictivas que nunca llegaron a probarse
El FinCEN no se hizo eco, por ejemplo, del hecho que por aquel entonces la propia justicia andorrana que fue quien inició todas las pesquisas judiciales contra los clientes venezolanos de BPA había decidido levantar las medidas cautelares impuestas a los empresarios, que después de más de un año y medio de bloqueo de sus cuentas vieron como en julio del 2014 la justicia les permitía, por falta de pruebas, poder acceder a su dinero (180 millones de euros con los que el Gobierno andorrano se fregaba las manos de poderlos comisar: representan casi el 50% de los ingresos que refleja el presupuesto anual del pequeño país pirenaico). En julio del 2014, casi nueve meses antes que el FinCEN diera la estocada al Banco Madrid y BPA.
Si nada decía del desbloqueo de cuentas, menos aún hizo constar el Departamento del Tesoro americano que la investigación contra los clientes venezolanos de BPA se había iniciado por las autoridades antiblanqueo andorranas a partir de informaciones de prensa halladas en Internet. Ese fue el verdadero comienzo de una investigación que permanece en el tintero y que El Mundo ha tenido que reconocer que ni tan siquiera existía en ningún tribunal u organismo judicial español. De hecho, las comisiones rogatorias que Andorra mandó mucho antes de la nota del FinCEN a Estados Unidos llegaron con posterioridad al desbloqueo del dinero y sirvieron para evidenciar que no había vínculos entre los clientes de BPA y Banco Madrid y algunos de los “elementos” que la justicia andorrana sospechaba que estaban detrás de aquello.
El caso de los venezolanos es uno de los cuatro que el FinCEN usaba para justificar la decisión de calificar a BPA como una entidad de primer orden en la facilitación del lavado de capitales. La Operación Emperador con epicentro en un polígono fuenlabreño y que giraba en torno al empresario chino Gao Ping y el caso que afectaba al ciudadano ruso instalado en Lloret de Mar (Girona) Andrei Petrov son las otras dos historias ya conocidas que supusieron la muerte de BPA y Banco Madrid. Tres casos que el propio banco ya había comunicado a los organismos correspondientes que estaban siendo investigados. Tres casos que hoy, años después del inicio de su instrucción y diecinueve meses después del principio del fin para BPA y Banco Madrid, no tienen aún ninguna condena en firme.
El caso de El Mundo y su rectificación total
Lo único que ha permitido ha sido hacer grandes titulares -que en casos como el que afecta El Mundo se han acabado reconociendo como falsos- y destruir dos entidades financieras con unos setecientos empleados y cuyos balances indicaban una marcha económica sin ninguna anomalía. De hecho, hemos podido saber que Javier Alvarado ha enviado sendas demandas replicando la que ha ganado a El Mundo, a otros dos diarios fuera de España. Nos referimos a Diario Las Américas y el Miami Herald que han realizado informaciones similares.
En el pasado 28 de Septiembre, por el Juzgado de Primera Instancia número 83 dictó auto número 483/2016, y en el cual aprobaba el acuerdo entre Unidad Editorial Información General y el demandante Javier Alvarado Ochoa. Ochoa demandó al editor de El Mundo por un compendio de Delitos, entro otros, injuriase intromisión en su honor. Sorprendentemente el diario se avino a las exigencias planteadas sin cortapisas. Luego de varios meses de conversaciones e intentos de negociación fallidos, finalmente El Mundo se avino a todos los términos del demandante salvo pequeñas variaciones en el texto original, firmando un convenio de acuerdo. Unidad Editorial se comprometió entonces a retirar toda la información publicada por El Mundo, así como enviar cartas de rectificación a la agencia Reuters.
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