Una vez constituido el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy la XII Legislatura ha echado a andar y con ella las peticiones de muchos colectivos respecto a sus derechos. Uno de estos casos es el sector de los medios de comunicación. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha instado al Ejecutivo y al resto de grupos del Parlamento a que pongan en valor el derecho de la ciudadanía a estar informados y reclaman que se inicien comisiones y grupos de trabajo que regulen por ley ese derecho constitucional y humano.
En este sentido los representantes de la FeSP han coincidido en señalar que esta regulación debe de ser incluida en una Ley General de Comunicación que siga la línea de otras normas similares que existen en muchos de los países europeos. En ella se deben definir los deberes y derechos de los periodistas; los colaboradores y periodistas a la pieza; la reserva de una tercera parte del espacio radioeléctrico para radios y televisiones del tercer sector sin ánimo de lucro, y todo lo relacionado con el derecho constitucional a la información y la comunicación, imprescindible en las democracias.
Además, la FeSP reclama a los partidos de la oposición que mantengan su compromiso con la derogación de la llamada Ley Mordaza -Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana- al considerarla una limitación de los derechos tanto para los ciudadanos como para los periodistas o activistas sociales.
La Federación que reúne a los sindicatos de periodistas de nuestro país también ha recordado al Gobierno que urge realizar reformas en RTVE como, por ejemplo, un cambio en el sistema de elección de su presidente. La FeSP pide una vuelta a la mayoría cualificada de dos tercios del Congreso, lo que ayudaría a garantizar que el máximo responsable de RTVE cumpla su misión de servicio público con calidad, plena independencia del Gobierno y financiación suficiente.
Finalmente la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha denunciado las irregularidades o incumplimientos de la ley que practican algunas empresas y se ha querido solidarizar con los trabajadores afectados. Los servicios de Inspección de Trabajo deben vigilar el cumplimiento de la ley y sancionar esas conductas.
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