La heterogeneidad y las disparidades entre comunidades autónomas caracterizan la organización de los servicios y la financiación de la atención a la anticoncepción en España, lo que produce ciertas desigualdades en la atención a las mujeres. Ésta es una de las principales conclusiones del informe Acceso a la anticoncepción en las comunidades autónomas presentado hoy, en el que se constata que la atención a la anticoncepción debe potenciarse, en la mayoría de las comunidades autónomas, como un ámbito importante de la salud.
Este estudio ha sido elaborado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) con el patrocinio de Bayer, y ha contado con la colaboración de profesionales especialistas en anticoncepción que trabajan en las CC.AA. y que por tanto conocen la situación de primera mano.
El informe, que recoge la situación a enero de 2016, evalúa el estado de la atención a la anticoncepción en el sistema público de salud en las comunidades autónomas. En él se analizan los marcos legales y sociales de la salud sexual y reproductiva en España; las normativas, estrategias y programas en anticoncepción de las comunidades autónomas; las campañas de sensibilización realizadas en los últimos años; la formación que las CC.AA. brindan a los profesionales; la organización de los servicios de anticoncepción, y la financiación de los métodos anticonceptivos.
Principales resultados
El informe evidencia que las competencias en materia de anticoncepción por parte de las administraciones autonómicas influyen en el desigual acceso a los métodos anticonceptivos en nuestro país y que el Sistema Nacional de Salud no proporciona la financiación de todos los métodos anticonceptivos. En cuanto a la atención a la anticoncepción, 7 CC.AA. no disponen de programas propios de anticoncepción, que dentro de su Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva podrían derivar en políticas públicas que mejoren el acceso a la anticoncepción.
Además, solo 6 CC.AA. han desarrollado campañas de sensibilización en los últimos 5 años, aunque de éstas, el 71% no dispone de sistemas de evaluación que permitan medir su impacto y por tanto, introducir cambios y nuevas medidas que favorezcan una mayor eficacia de estas campañas. Este dato se traduce en que más de cinco millones de mujeres en edad fértil no han recibido información institucional sobre el uso de anticonceptivos en 5 años.
El informe también estudia la formación que reciben los profesionales sanitarios en materia de anticoncepción. En este campo, en 7 CC.AA. las consejerías de sanidad han ofrecido formación a los profesionales de la salud y un tercio de las CC.AA. (37,5%) dispone de programas formativos que implican a todos los estamentos profesionales sanitarios. Salvo en Cataluña y Andalucía, que cuentan con un plan específico de formación, no existe una oferta formativa continuada en anticoncepción por parte de las Administraciones sanitarias, sino que se realizan cursos puntuales de actualización en anticoncepción, cuyo impacto es menor que los programas de formación continuada.
“Nos preocupan fundamentalmente las desigualdades que hemos constatado en el acceso, la financiación y la calidad de los servicios entre las distintas comunidades autónomas, y que la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se aprobó en 2011, no se haya desarrollado. Hemos encontrado también buenas prácticas que deben servir como modelo”, señala Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, quien ha resaltado que “el estudio, con sus conclusiones y recomendaciones, pretende ser una herramienta útil que queremos compartir con las Administraciones y los gobiernos y los profesionales de la sanidad pública”.
Por su parte, la ginecóloga Concha Martín Perpiñán, co-autora del informe, ha hecho hincapié en la importancia de que los responsables de las políticas sanitarias asuman que “la anticoncepción es un ámbito importante de la salud, que concierne a toda la población en edad fértil y que debe estar contemplada entre las prioridades de las Administraciones sanitarias. La anticoncepción no puede ser vista como un artículo de lujo”.
En este sentido, el estudio incluye como una de sus recomendaciones principales que se establezca la prestación de la anticoncepción como una actividad fundamental dentro del sistema público de salud, garantizando que sea de calidad y accesible, con independencia de los cambios gubernamentales que se produzcan.
Carlota Gómez de la Hoz, directora de comunicación de Bayer Iberia, afirma “desde Bayer, consideramos fundamental seguir investigando para ofrecer los tratamientos más innovadores en anticoncepción y soluciones adecuadas al ritmo de vida y necesidades de la mujer actual. También es importante dar continuidad a nuestro compromiso con la salud de la mujer, colaborando en proyectos e iniciativas de carácter informativo como este informe y desarrollando programas de formación y concienciación a la población, ya que son muchas las dudas y los falsos mitos en torno a la anticoncepción”.
