Este lunes, el diario digital Público informaba de las amenazas de la brigada política de la Policía a raíz de sus investigaciones sobre el caso del Pequeño Nicolás y el funcionamiento de las llamadas cloacas del Estado, entre ellos, un intento de detención de la periodista Patricia López. El diario revelaba que desde diciembre de 2014 sufre estas presiones. El caso se enmarca dentro de las informaciones que revelan conexiones de miembros de la Policía con el uso político de las fuerzas de seguridad del Estado.
En concreto, se refieren a las amenazas de Jose Ángel Fuentes Gago, el jefe de gabinete del número dos de la Policía Eugenio Pino. En una entrevista con Radiocable esta semana, la directora del diario Ana Pardo indicó que Fuentes Gago se opuso a que Público sacara informaciones sobre él y su mujer debido a que habían sido destinados en puestos de trabajo de 10.000 euros al mes. El número dos de Eugenió Pino amenazó personalmente y avisó de que se inventaría cosas y lo haría a su manera. “Todo en un tono curiosamente mafioso, con mucha suavidad, algo que todavía da más miedo”, ha dicho la directora.
Es un nuevo episodio de las cloacas del Estado y en este caso sobre el bando contrario al ex comisario Villarejo. Público se ha centrado en la influencia de los mandos policiales, supuestamente dirigidos por el Ministerio del Interior, que entre sus muchos quehaceres está el hacer la guerra al díscolo ex policía. Pero no es lo único. Según ha denunciado Público, esta brigada política cuya existencia ha negado el Ministro Juan Ignacio Zoido, ha participado en fabricar pruebas contra Podemos y líderes independentistas, entre otras cosas.
Apoyo de la PDLI a Público, pero no de la APM
Es por ello que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ha expresado su condena por las presiones policiales de las que están siendo objeto el diario Público y su redactora Patricia López, y ha exigido que se investiguen y se sancionen “como corresponda”. La PDLI considera que las presiones son gravísimas e inaceptables, y ve incomprensible que, a pesar de que los hechos fueran denunciados, las diligencias practicadas “ni siquiera han sido enviadas todavía a los juzgados de Plaza de Castilla”, según denuncia Público.
Por ello, la PDLI se dirigirá a la secretaria de Estado de Comunicación dirigida por Carmen Martínez Castro para transmitirle estos hechos “e instarle a que se depuren las responsabilidades oportunas”. La PDLI lamenta que sea necesario recordar una vez más que los medios de comunicación responden al derecho a la información de la ciudadanía consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución, y corresponde a los poderes públicos asegurar su ejercicio con todas las garantías.
Hace unos días la directora de Público dijo que no hablará con la Asociación de Prensa de Madrid respecto de estas amenazas. “Cuando vino la policía a la redacción sin orden judicial, pedimos amparo y no nos hicieron caso, así que no vamos a hacer nada esta vez. Pondremos una denuncia cuando terminemos”, ha dicho. La APM suele ser la asociación a la que los periodistas y medios de Madrid acuden en este tipo de situaciones, pero solo es potestad de su directiva y de sus comisiones acoger estas peticiones. Público es un diario cercano a Podemos, partido al que acusó la APM de emprender presiones contra periodistas.
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