Un folio en blanco. Esto es lo que hasta el momento se conoce del plan del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para abordar el segundo dividendo digital. Después de las últimas directrices de Bruselas, España se ha quedado atada de manos y ante la imposibilidad de justificar la extensión del plazo hasta 2022. Esto obliga a cumplir con el traslado de las operadoras de Telecomunicaciones al actual espectro radioeléctrico de las televisiones en un plazo inferior a tres años. Un proceso nada fácil y que hace más de una década fue un completo fracaso.
Cuando todavía quedan heridas del primer dividendo digital, las cadenas de televisión tienen el segundo dividendo digital a la vuelta de la esquina. El cierre de nueve señales y otras ocho que salvaron solo porque los grandes canales tiraron de chequera pagando al demandante no se olvidan en un sector que necesariamente deberá completar la transición en 2020 y sin un plan del Gobierno. O al menos sin que el Ejecutivo haya dado cuenta de él a la opinión pública ni a los principales interesados, los operadores de televisión.
En 2020 las frecuencias de la banda de 700MHz deberán están en poder de las telecos para desarrollen la tecnología 5G, que simultáneamente deberá salir a concurso en toda Europa. En el anterior dividendo, en 2011 se pagaron 1.301 millones de euros y se estima que la nueva puja deberá estar algo por encima de esta cifra. No obstante, el problema no es quién llega, sino dónde se van los actuales inquilinos de esta banda. Las televisiones ocupan actualmente este espectro, después de abandonar –también en favor de las telecos- la banda de 800 MHz. Y todavía no saben cómo tendrán que mudarse.
Moncloa desestima las peticiones de UTECA de retrasar el dividendo
El principal problema es que actualmente no queda espacio suficiente para alojar a todas las cadenas de televisión actuales en un nuevo espectro radioeléctrico. En total se deben realojar a 26 canales, sin contar con el centenar de cadenas autonómicas y locales que poblan el sector televisivo en España. En estos momentos, no hay certeza respecto de cómo comprimir todas las señales para que quepan en el nuevo espectro, aunque fuentes consultadas por prnoticias indican que este no debería ser un problema porque ya existen tecnologías que podrían realizarlo. Solo basta decidirse por una. Y nadie tiene certeza en el sector que Moncloa lo haya hecho.
Precisamente ésta es una de las múltiples interrogantes que se abren frente a este proceso y que de momento la Administración no ha resuelto. En todos los actores del sector están muy frescos la serie de desaguisados de los sucesivos Ministros de Industria en el pasado: una adjudicación a dedo en 2006, que no tenía ninguna base legal, fue seguida de un sistema de resintonización en dos fases y con un sistema de ayudas públicas que nunca terminó de estar claro. Y los problemas no paran aquí ya que el Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que España no respetó la neutralidad tecnológica y concedió ayudas públicas que vulneraron la competencia, lo que les ha obligado a recuperar las subvenciones otorgadas por valor de 300 millones de euros.
Considerando este panorama ¿Puede España y su Gobierno improvisar en un nuevo dividendo digital? Las informaciones confirmadas por prnoticias indican que el Ejecutivo no ha movido ficha y que hasta el momento mantiene en una absoluta incógnita este proyecto. Las televisiones no han contactadas de manera formal pesar de que en noviembre del año pasado pidieron al Secretario de Estado de Agenda Digital José María Lasalle sentarse a conversar sobre el tema. La patronal UTECA pidió además públicamente que el proceso se retrasase hace 2022 y con derecho a que las televisiones utilizasen la actual banda hasta 2030.
José María Lasalle, secretario de Estado de Agenda Digital
300.000 euros en una campaña de difusión del segundo dividendo digital
No obstante, ninguno de estos plazos será admitida por Moncloa y de momento no se sabe de ninguna reunión para hablar al respecto. Las mismas televisiones privadas han pedido seguridad jurídica y racionalidad en la ejecución del segundo dividendo digital para que los operadores y los ciudadanos tengan el menor impacto económico y logístico posible. UTECA ha pedido además al Gobierno que dote de los mecanismos legales adecuados y el presupuesto necesario para compensar los posibles costes de la migración. Y han pasado seis meses sin respuestas oficiales. En el sector, no obstante, reconocen que aunque quisieran más claridad, el proceso puede perfectamente cerrar en el tiempo que queda y sin prisas. Además reconocen la buena disposición de Ministro Álvaro Nadal para abordar el tema, aunque advierten que lo principal es que Moncloa defina de una vez por todas cuál es su hoja de ruta respecto del sector audiovisual en España.
De momento, lo único que ha hecho Moncloa ha sido incluir en el Plan de Comunicación y Publicidad 2017 -que incluye las campañas que el Gobierno insertará en medios de Comunicación durante este año- una partida para el dividendo digital. En total, se aprobó una campaña de 300.000 euros destinada a la difusión de la liberación de la banda de 700 mhz entre la ciudadanía, ayuntamientos y otras entidades públicas y privadas. Esta campaña, dependiente del presupuesto de Red.es, se ejecutará entre el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017 y no se difundirá en medios de Comunicación tradicionales, sino que se usarán como soporte las relaciones públicas y otras herramientas de Comunicación (eventos).
Pero todavía falta definir cuestiones claves como la manera en que se abordará la transición, cómo se quiere apostar por lo digital, cómo se fomentará la transición, si se darán ayudas o cómo se garantizará a las televisiones una transición tranquila que no afecte ni sus audiencias ni sus presupuestos. De ello depende buena parte del futuro de las cadenas de televisión y no solo de Atresmedia y Mediaset, sino que en especial las pequeñas TDT que a duras penas intentan abrirse paso en un espectro de frecuencias y que cuentan con limitados presupuestos.
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