El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los últimos datos sobre envejecimiento en nuestro país que, una vez más, reflejan una tendencia que parece imparable: España ha vuelto a registrar un máximo histórico de envejecimiento, del 118% o, lo que es lo mismo, ya se contabilizan 116 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone un crecimiento de 2 puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando el índice de envejecimiento se situó en un 116%.
El siguiente gráfico refleja la evolución del envejecimiento de la población en España, que, como se observa, no ha cesado en su crecimiento. Contrastan las cifras actuales con las de finales de siglo XX, cuando nuestro país era aún joven: en 1985 se contabilizaban 46,7 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, con lo que estábamos ante una sociedad en plena expansión y con gran potencial para crecer económica y laboralmente. Es a partir del año 2000 cuando nuestro país empieza a presentar una mayor proporción de personas senior que de jóvenes y, por tanto, a ser una sociedad envejecida. En otras palabras, a partir del año 2000, España presenta un índice de envejecimiento superior al 100%.
Por Comunidades Autónomas, vuelve a liderar el ranking de envejecimiento Asturias, con un índice del 210% (210 mayores por cada 100 menores de 16), seguida de Galicia (192,6%) y Castilla León (190,5%). En el otro lado, Ceuta y Melilla, Murcia, Andalucía y Baleares son las únicas regiones con una mayor proporción de jóvenes.
La relación cotizante-pensionista, en mínimos
Desde el año 2000, España es un país envejecido, lo que significa que cuenta con más personas senior que jóvenes. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad son los principales causantes de esta realidad. Se calcula que en 2030 los mayores de 65 supondrán el 30% de la población, frente al 18% actual. En este momento, cuando empiecen a jubilarse en masa los babyboomers (nacidos entre 1958 y 1977), unas cohortes sensiblemente más reducidas deberán soportar el coste de la atención de las pensiones y sus cuidados sociosanitarios.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “la relación cotizante-pensionista es actualmente de 2,1, considerándose una ecuación sostenible a partir de 2,5 contribuyentes por cada jubilado. Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá poco más de una persona trabajando, lo que sin duda pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema”.
Ante esta realidad, Mesonero destaca que: “urge tomar medidas que frenen los efectos de este envejecimiento imparable: alcanzar acuerdos de Estado y dedicar un mayor porcentaje del PIB a la familia, impulsar políticas activas contra la discriminación por la razón de edad, sensibilizar al tejido empresarial para que apueste por la fuerza laboral senior, y empoderar a los demandantes de empleo de más edad para que adquieran herramientas clave que les permitan competir en el mercado del siglo XXI”.
Los senior y las personas en riesgo de exclusión, más necesarios que nunca
A la luz de las cifras expuestas en los apartados anteriores, queda patente la necesidad de apostar por la fuerza laboral que, hasta el momento, ha sufrido más discriminación en su acceso al empleo, principalmente los mayores de 55 años que experimentan exclusión laboral como consecuencia de su edad.
En este contexto, la Fundación Adecco alerta del peligro que supone la discriminación de los desempleados mayores de 55 años pues, según Francisco Mesonero: “la situación es crítica: si no apostamos por el talento senior se derrumbará nuestro Estado del Bienestar”. En este sentido, añade que “la prioridad nacional debe ser implementar mecanismos que permitan a los mayores participar en el mercado laboral, empezando por las empresas que, de forma improrrogable, deben cambiar su cultura y hacerla inclusiva para los senior: si no lo hacen sucumbirán”.
Pero además, existen otros sectores de la población, tradicionalmente más inactivos, que van a resultar clave para que nuestra economía sea sostenible. Nos referimos a personas con discapacidad o mujeres con responsabilidades familiares no compartidas. Las primeras registran una tasa de actividad de apenas el 36%, lo que significa que un 64% de las que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca. Las mujeres, por su parte, continúan con una participación en el mercado inferior a la de los hombres, con una tasa de actividad del 53% frente al 65% masculino.
Según Mesonero: “es necesario estimular su incorporación al mercado laboral y derribar los prejuicios y estereotipos que siguen lastrando su participación en igualdad de condiciones. No sólo por una cuestión de ética o justicia social, sino porque nuestra economía necesita de su talento para ser sostenible en el tiempo”.
La clave: poner en valor la edad
En línea con la coherencia demográfica, la edad laboral tenderá a incrementarse, para compensar la falta de relevo generacional. Algo que, según Mesonero: “no hemos de percibir como un drama, sino como la consecuencia lógica de una nueva coyuntura económica y biológica, en la que aumenta la esperanza de vida: lo que es necesario, no obstante, es renovar la visión que se tiene de un trabajador senior, haciendo hincapié en la riqueza que supone el intercambio generacional para cualquier organización.
De hecho, en países como Japón apuestan por contratar septuagenarios, por considerar que tienen una mayor conciencia del trabajo, un reforzado sentido de la responsabilidad y una mayor capacidad de esfuerzo, algo que se complementa muy bien con el espíritu innovador y la frescura de los jóvenes”. Por ello, las empresas, los poderes públicos y la sociedad en general, deberán asumir otros importantes retos para adaptarse a la fuerza laboral emergente:
- Sensibilizar a la sociedad y al tejido empresarial, acercando los valores de los trabajadores mayores de 55 años (madurez, experiencia, templanza) y renovando la visión, a menudo desfavorable, que se tiene de la fuerza laboral más senior.
- Estimular la incorporación al mercado de los sectores de la población tradicionalmente más inactivos: personas con discapacidad, mujeres, etc, para contrarrestar la pérdida de los activos más jóvenes.
- Promover medidas de conciliación: horarios flexibles, prestaciones de maternidad y otros subsidios que garanticen que las familias pueden compatibilizar el empleo con el cuidado de los suyos.
- Promover políticas que incidan en un estilo de vida saludable, mejorando la calidad de vida y ayudando a prevenir enfermedades en las personas de más edad.
