Tras un periodo de tranquilidad y cierta estabilidad la presentación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha vuelto a generar un gran revuelo en el seno del Grupo Prisa. En concreto el nuevo ERE afectará a Prisa Gestión de Servicios (PGS), una empresa creada en 2011 pero que ha adquirido protagonismo mediático el último año después del traslado de trabajadores que recibió procedentes principalmente de la Cadena SER.
Aunque el grueso de profesionales procedían de Prisa Radio, también se incluían nombres de otros negocios del Grupo como El País o AS. En todos los casos se trata de trabajadores que no formaban parte de la redacción de estos medios, sino que se encontraban en otros departamentos que no estaban estrictamente relacionados con el periodismo. El movimiento fue entendido desde el primer momento por los sindicatos como una ‘artimaña’ legal de la empresa para aligerar las plantillas y, por tanto, los gastos de sus principales medios. Además, abría la puerta a la posibilidad de poder realizar despidos en PGS aludiendo como finalmente ha ocurrido a ‘casusas organizativas’.
En la práctica los representantes de los trabajadores no han dudo en calificar la táctica como un ERE encubierto, que según lo presentado por Prisa afectará a 80 trabajadores de una plantilla actual que ronda los 300. De ese total 60 se realizarán a través de despido colectivo y 20 por movilidad geográfica. Las salidas se producirían hasta el 31 de marzo de 2018. La representación sindical liderada por CCOO (12 miembros) y UGT (1 miembro) ya ha mostrado el total rechazo al Expediente.
Además, dado que existe un procedimiento judicial abierto (por ese trasvase de trabajadores a PSG), los sindicatos alegan que exista un proceso de negociación previo a la apertura de este ERE, un extremo al que el Grupo presidido por Juan Luis Cebrián se ha negado. Así las cosas ahora la comisión negociadora estudiará la documentación entregada y realizará las consultas legales que consideren oportunas con el fin de paralizar o minimizar el impacto que el expediente pueda producir.
Empresa y representantes de los trabajadores han establecido un calendario de dos reuniones semanales durante los treinta días del periodo de consultas que marca la ley. Adicionalmente los sindicatos de Prisa han anunciado la celebración de asambleas informativas en los principales centros de trabajo para informar a los afectados y debatir con ellos las medidas a adoptar.
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