Las críticas a la privatización que impera en los servicios informativos de la televisión pública canaria siempre han estado presentes. Sin embargo, en los últimos días han cobrado una mayor importancia. Lo han hecho de la mano del sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación Canaria que ha solicitado al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos la suspensión del concurso que busca renovar la privatización de los informativos de Televisión Canarias, por valor de 144 millones de euros y con una duración de ocho años.
Lo hacen al entender que han existido irregularidades en la última convocatoria que el pasado mes de julio realizó el presidente de la corporación, Santiago Negrín, quien se habría saltado al Consejo Rector y convocado de manera “unilateral, personal y sin competencias” para renovar los contratos que adjudican la edición de los servicios informativos de TV Canarias y que actualmente están en manos de la empresa privada Videoreport Canarias.
Estas quejas contra la decisión de Santiago Negrín tienen origen en un informe que realizó el pasado mes de julio el jurista Martín Orozco en el que indicaba que para convocar un concurso público era necesario tener la aprobación del Consejo Rector, algo que no ha sucedido en esta ocasión. Lo es, porque el presupuesto para este concurso asciende a 144 millones de euros y debería ir acompañado de un informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias que garantice su legalidad.
Sin embargo, Santiago Negrín hizo caso omiso a estas recomendaciones y convocó un concurso. A pesar de esto, el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación Canaria espera que con el recurso que se ha presentado se logre “tumbar el concurso y lograr de un vez por todas unos servicios informativos cien por cien públicos, que no respondan ni a intereses partidistas ni a intereses económicos de las productoras privadas, que han tenido y tienen a los trabajadores en precarios”.
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