La elección del presidente de RTVE se está convirtiendo en un calvario para los grupos políticos que debaten y estudian el nuevo modelo de elección. Cuando faltan cuatro días para que venza el plazo del acuerdo que siente las bases para elegir al nuevo responsable de RTVE por concurso público, los representantes de los diferentes partidos políticos se han sentado a debatir las condiciones que delimitarán la sustitución de José Antonio Sánchez, actual presidente.
Inicialmente, el acuerdo al que los partidos políticos habían llegado en el Congreso de los Diputados suponía la creación de una nueva ley que dictaminaba una reorganización de RTVE. Entre las reformas, el Consejo de Administración estaría formado por 12 miembros -8 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado- dos de ellos deberían estar propuestos por los sindicatos. Una vez estuviera constituido este Consejo de Administración, sería el Congreso de los Diputados quien dijera cuál de ellos sería el presidente. Pero esta opción, aprobada en la reforma del pasado mes de septiembre exige un acuerdo por mayoría absoluta formada al menos por cuatro grupos en segunda vuelta.
Sin embargo, las dificultades políticas que han existido en nuestro país, ha paralizado cuestiones como la reelección del presidente de RTVE, que tenía que estar determinada coincidiendo con el final del año. Sin embargo, todo parece indicar que la ley no podrá llevarse a cabo y habrá que tomar una determinación de última hora para encontrar al nuevo sustituto de José Antonio Sánchez.
Tras la última reunión, y a falta de escasos días para que llegue el 31 de diciembre, no existe acuerdo para saber si ante la falta de previsión, se elegirá nuevo presidente en RTVE como estipulaba la ley de 2012 o como manda la última reforma. Todo parece indicar que tanto el Congreso como el Senado serán las encargadas de decidir cuál es la opción más justa.
El Tribunal Constitucional anula parte de la antigua ley de RTVE
Mientras el debate sobre el futuro de RTVE está sobre la mesa, el Tribunal Constitucional ha anulado parte de la reforma que el Partido Popular presentó en 2012. El Alto Tribunal ha declarado inconstitucional la reducción de varios consejeros y la eliminación de los vocales sindicales. Sin embargo, si considera constitucional la reforma presentada por el PP que finalizó con el nombramiento de Sánchez como máximo representante.
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