Pedro Mier, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC); José Luis Colás Giraldos, presidente de iCmedia (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los medios), José Carrero García, presidente de la Asociación General de Consumidores (ASGECO Confederación) y Carmen Bermejo, presidenta de la Asociación Española de Startups, han manifestado su profunda preocupación por la posición oficial de España, en el proceso de discusión y negociación de la Directiva europea de Copyright.
Los responsables de las cuatro organizaciones entienden que la actual redacción de su artículo 13 supone una amenaza para el ecosistema de Internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en España, especialmente al reinterpretar el concepto de “comunicación pública” afirmando que todo proveedor, plataforma o sitio online lo realiza ante contenido subido por sus usuarios.
La industria y asociaciones de usuarios ya dieron la voz de alarma tan pronto como se presentó el borrador de la Directiva de Derechos de Autor en 2016, al advertir del riesgo de socavar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de alojamiento. El artículo 13, de aprobarse en su actual redacción, obligaría a estos proveedores –ya sean de almacenamiento, sitios de comerciantes, redes sociales o plataformas de vídeo generado por usuarios- a monitorizar y filtrar activamente los contenidos compartidos por usuarios, con fuertes obligaciones para la detección y eliminación de contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor.
De esta forma, AMETIC, la Asociación Española de Startups, ASGECO Confederación e iCmedia afirman que esta propuesta altera el régimen de responsabilidad establecido para los proveedores de servicios de la sociedad de la información establecido en la Directiva europea de Comercio Electrónico en la UE y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en España. Además, les preocupa que la defensa de un derecho de propiedad intelectual exija más garantías que otros como la intimidad, el honor o la defensa de los menores.
Asimismo, recuerdan que este régimen de responsabilidad ha demostrado ser fundamental para el desarrollo de Internet en España y Europa. Gracias a este régimen –subrayan- Internet ha roto barreras económicas, geográficas y sociales, globalizando la innovación y el acceso a la información y a los servicios a través de una infinidad de plataformas que actúan como intermediarios tecnológicos entre usuarios que ofertan y usuarios que demandan contenidos, productos o servicios de todo tipo.
Responsabilizar a los intermediarios
Sin embargo, el artículo 13 de la propuesta Directiva de Derechos de Autor que España apoya y agrava, propone abiertamente responsabilizar de manera automática a los intermediarios por los contenidos de los usuarios, requiriendo de las plataformas una preselección sistemática de cada archivo subido por un usuario.
Esto amenaza no solo el funcionamiento de los servicios, sino especialmente el acceso de todos a la libre expresión y a las herramientas que apoyan la creatividad en Internet.
Hay que pensar especialmente en los jóvenes, nuevos consumidores y en su futuro inclusión en el mundo laboral de una sociedad digitalizada.
En este sentido, mencionan la carta abierta que 56 académicos europeos y más de medio centenar de ONGs de toda Europa han firmado en contra de la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos en Internet y en defensa de las libertades fundamentales, así como la alerta de 83 asociaciones de startups e industrias europeas.
Ante la preocupación, que no es nueva en Internet, expertos en Ética y Derecho de la información siempre han defendido la eficacia de la autorregulación o la co-regulación frente a una regulación previa, que por ser anterior prejuzga y por ello desconoce los desarrollos de la tecnología.
