El cierre súbito de dos plantas de la compañía Alcoa en nuestro país, aludiendo a la falta de competitividad que provoca un excesivo coste de la electricidad, ha provocado que el tejido industrial y el Gobierno propongan diálogos enfrentados sobre el asunto.
Hace apenas un mes, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AECE) comenzaba a presionar por una nueva regulación sobre la electricidad con el lanzamiento de un informe en el que calificaban como “mazazo a la industria electro-intensiva” la escalada de los precios, al tiempo que exigían un cambio hacia un modelo que se asemejase a los de Francia y Alemania. Los cálculos de esta organización, en donde están representadas empresas responsables de más de 186.000 empleos en España, indicaban que el impacto del coste de la energía eléctrica en la industria electro-intensiva supuso el año pasado un sobrecoste de alrededor de 450 millones de euros respecto a Alemania.
Precisamente, uno de los vocales de AEGE es el director de energía de Alcoa, Joaquín González-Bias; su compañía decidía esta semana cerrar dos plantas de la noche a la mañana. Ante estas advertencias, el Gobierno debería estar prevenido porque no es la única empresa que ha decidido echar el cierre de improviso. Así, la cementera mexicana CEMEX también decidía en los últimos días poner fin a la actividad de sus plantas en Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares); este sector también viene quejándose de la subida de los costes energéticos desde hace tiempo y que sigan superando los de otros países europeos.
El Gobierno, en palabras hoy de su portavoz Isabel Celaá, ha declarado que la razón por la que Alcoa ha tomado esta decisión “no tiene nada que ver con el tema energético, ha sido una sorpresa”. Al mismo tiempo, y a fin de dar un mensaje de esperanza a los afectados, ha anunciado que su equipo “está trabajando para que esta decisión se revierta, decisión que el gobierno rechaza”.
El lobby seguirá presionando
Próximamente, el lobby energético seguirá presionando al Gobierno para que modifique el sistema actual de subasta energética, justo en un momento en el que los principales partidos de nuestro país se encuentran negociando los Presupuestos Generales del Estado para 2019. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado este año que el Ministerio de Energía no haya querido actualizar el método actual a la Normativa Europea y mejorar la competitividad de las compañías asentadas en España.
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