La compañía Facebook ya tiene nuevo responsable de comunicación global, será el ex vice primer ministro del Reino Unido Nick Clegg. De esta forma, la empresa de red social llena un hueco que quedó vacío el pasado mes de junio tras la renuncia de Elliot Schrage tras una década en el puesto. El británico, de 51 años y casado con la española Miriam González, ocupó un escaño en el Parlamento Británico representando al Partido Liberal Demócrata hasta las últimas elecciones celebradas en las islas.
El fichaje de Clegg llega en un momento de tensión para la empresa de Mark Zuckerberg y parece claro que la red social ha buscado una figura de peso y con contactos dentro de la política europea. Tan pronto como llegue a Silicon Valley, Clegg deberá comenzar a trabajar para limpiar la imagen de Facebook, manchada tras los escándalos de Cambridge Analytica y más recientemente por la denuncia presentada sobre las estimaciones de reproducciones de vídeo, donde los demandantes indican que habrían sido infladas para fomentar un aumento en los presupuestos de las campañas.Además, la semana pasada varios inversores pedían la dimisión de Zuckerberg para recuperar la confianza en la misma.
El anuncio lo realizaba él mismo, precisamente en su página de Facebook, a través de un vídeo en el que daba algunas de las claves de su fichaje y de los retos a los que se enfrenta la compañía. En la publicación, reconocía haber mantenido diversas conversaciones durante el verano y el otoño con el presidente de la empresa sobre ésta, sus políticas y los retos a los que se enfrenta en materia tecnológica y de utilización de datos; además, afirmaba que tiene mucho que aprender todavía sobre las controversias que se generan en el choque entre jurisdicciones nacionales sobre Internet y tecnología.
Fake news
Otro de los asuntos a los que se enfrentará Clegg será la difusión de fake news a través de las redes sociales. Facebook parece comprometido a acabar con la publicación de informaciones falsas que puedan influir negativamente en la reputación de instituciones, empresas e individuos, aunque para ello deben valorar hasta qué punto pueden coartar la libertad de expresión de sus usuarios.
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