Un nuevo medio de transporte llegaba a las ciudades españoles hace apenas unos meses, el patinete eléctrico. Envuelto en un aura ecológica, y presentada como una alternativa al automóvil justo en un periodo en el que la lucha contra el coche se ha convertido en la bandera de algunos consistorios, el ciudadano abrazaba este nuevo medio de transporte y empezaba a utilizarlo dentro de un vacío legal. Al calor de las primeras empresas dedicadas a este sector, surgieron muchas más que llegaron a provocar que el ciudadano perdiese espacio en las aceras al encontrarse los vehículos aparcados e incluso se organizase en patrullas anti-patinete.
Semanas atrás, la industria del patinete eléctrico veía golpeada su imagen después de que algunos consistorios como el madrileño empezasen a legislar sobre su utilización e incluso lo limitasen en algunas zonas. Esta decisión venía derivada por las primeras críticas a un vehículo que había pasado para muchos ciudadanos de ser una alternativa a un incordio, molestándole en las aceras cuando estaban aparcadas y poniendo en peligro su integridad cuando eran utilizadas por los usuarios.
La semana pasada, llegó uno de los golpes definitivos a la reputación de este medio de transporte tras conocerse que había causado ya una muerte. Fue en agosto después de que unos jóvenes chocasen con una señora, que fallecía días después tras haberse golpeado la cabeza en el accidente. Este suceso provocó que la DGT anunciase rápidamente su intención de publicar un Real Decreto para controlar su uso. En pleno debate contra el vehículo de diésel, parece que el patinete eléctrico ha perdido la batalla frente al coche eléctrico compartido (carsharing) y la bicicleta, y se ha presentado como un enemigo para el peatón por ocupar buena parte de su espacio.
La puntilla a este vehículo, y quizás a la industria que se ha creado a su alrededor, puede haber llegado hoy martes. El Ayuntamiento de Madrid, comandado por Carmena, ha decidido denegar el permiso para operar en la capital a las empresas VOI, Lime y Wind, al tiempo que les ha exigido retirar todos sus vehículos en las próximas 72 horas. Todo ello, alegando que las aplicaciones a través de las que se desbloquean los dispositivos no indicaban por dónde podían circular los usuarios; si bien desde el consistorio se ha anunciado que existen numerosas firmas que desean obtener el permiso, parece que la mala imagen creada sobre estos vehículos y el desconocimiento legislativo de su uso podría acabar definitivamente con esta industria.
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