La firma Estudio de Comunicación ha organizado la jornada ‘La economía colaborativa y de plataformas: consecuencias para las empresas tradicionales en el mercado español y europeo’ para Andersen Tax & Legal. Este encuentro aspiraba a poner en orden los pros y los contras, el impacto social y legislativo de la aparición de las aplicaciones y plataformas autodenominadas de ‘economía colaborativa’. La jornada permitió enfrentar ideas y, sobre todo, aprender sobre cómo ha afectado al marco laboral la aparición de estos nuevos actores empresariales.
¡Comenzamos la jornada sobre economía colaborativa en @AndersenTL_ES! pic.twitter.com/Hv9PdroFDk
— Estudio de Comunicación (@EstComunicacion) 12 de diciembre de 2018
Durante la presentación, la Directora del Área de Desarrollo Corporativo de Estudio de Comunicación, Victoria Magro, quiso poner en valor que el seminario se desarrollaba en un contexto profesional en el que los expertos podían desgranar temas de actualidad. El socio del área laboral de Andersen Tax & Legal Alfredo Aspra tomó el testigo para moderar un debate en el que participaron activamente los abogados del sindicato UGT Manuel de la Rocha y Bernardo García. Aspra dio la introducción haciendo mención de empresas como Glovo o Deliveroo, firmas que reúnen más de diez mil miembros y que han provocado casos de estudio con sentencias en firme sobre la figura de sus empleados; además, Aspra lanzó al aire la cuestión de si es necesaria la elaboración de una legislación concreta para cada caso o si debe aplicarse la legislación general.
El abogado Bernardo García quiso poner primero en el punto de mira el término “economía colaborativa”, que consideró utilizado erroneamente porque de ser real todo negocio “sería economía colaborativa porque hay un intercambio de servicios”. Por su parte, Manuel de la Rocha detalló que es necesario definir si los trabajadores de estas plataformas son autónomos o trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que denunció sus condiciones precarias; así, relató que las empresas se autodenominan intermediarias, pero que al mismo tiempo controlan la localización de los repartidores a través de las aplicación y fijan el importe a cobrar. Además, denunció que la elección de si realizan el trabajo o no, lo que les convertiría en trabajadores autónomos, no es del todo real porque que la empresa les puede ‘sancionar’ si rechazan determinados pedidos y recalcó que las empresas no pueden lograr “una mejora competitiva en el mercado a través de la explotación del trabajador”.
Mientras, García afirmó que las plataformas no están interesadas en que hayan resoluciones judiciales para evitar que haya jurisprudencia y que, por esa razón, llegan a acuerdos extrajudiciales para detener las denuncias. Sobre la legislación a aplicar a estos trabajadores, dejó clara su postura de que la relación tiene “las características de la contratación por cuenta ajena” y afirmó que, si los legisladores no lo aceptan así, el Tribunal Supremo debería crear una relación laboral especial.
La jornada también permitió a los asistentes informarse sobre la situación de otras plataformas como Cabify y Uber, y su encaje legal en el ámbito de la competencia con el taxi. Todo ello, para resolver las dudas legales existentes tras la irrupción de nuevos actores en el mercado con la generación de problemas legales relacionados con el empleo o la fiscalidad que no sólo están presentes en nuestro país sino en otros de Europa, como Francia o Italia.
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