El Consejo de Ministros celebrado la semana pasada en Barcelona no sólo dejó la noticia del aumento del salario mínimo interprofesional sino que también aprobó un Real Decreto-ley que modificaba la ley de marcas a fin de igualarla a la directiva europea. Esta decisión del Gobierno permitirá facilitar el registro de marcas, agilizar los trámites correspondientes y luchar de una forma más eficaz contra las falsificaciones.
El Real Decreto-ley modifica parcialmente la Ley de Marcas 17/2001 y una de sus principales novedades será la posibilidad de registrar una marca en cualquier formato (sonoro, holograma, vídeo, gráfico…) siempre que se pueda determinar claramente el objeto de protección que se otorga al titular; anteriormente, se obligaba a los interesados a representar gráficamente la marca. Además, la modificación de la ley permitirá a cualquier persona física o jurídica, sin importar su nacionalidad o residencia, el registro de marcas o nombres comerciales.
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El Gobierno considera fundamental la protección contra la piratería puesto que las empresas titulares de marcas en nuestro país aportan el 40% del PIB, el 41% del empleo, el 45% de las exportaciones y el 55% de la inversión en I+D+i. Por esta razón, entre los cambios incluidos por el Real Decreto-ley, se relata que el titular de una marca registrada podrá ejercitar sus derechos contra mercancías procedentes de terceros países que, aún sin haber sido comercializados, incluyan un signo idéntico o virtualmente idéntico a la marca registrada.
Desaparece la ‘marca notoria’
Asimismo, desaparece el concepto ‘marca notoria’ y se recoge una categoría única: marca o nombre comercial ‘renombrado’. De esta forma, se entenderá por ‘marca de renombre’ aquella que sea conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. Respecto al procedimiento, queda regulado de una forma detallada la legitimación para formular oposición al registro de una marca y también se disminuyen los trámites para su renovación. Además, el Gobierno ha querido dar un poder mayor a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); esta institución tendrá la competencia para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.
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