La asociaciones ‘Volem signar i escoltar’ y ‘Pares de Nens Sords de Catalunya’ (APANSCE) han interpuesto un recurso contra la Consejería de Educación del Gobierno de la Generalitat, tras desestimar ésta la reiterada reivindicación de las familias con alumnado sordo de emplear la lengua de signos catalana (LSC) como lengua vehicular de enseñanza para sus hijos en todas las etapas educativas.
Una petición que la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) respaldan plenamente, y a cuyo cumplimiento obliga la legislación vigente tanto en el ámbito autonómico (a través de la Ley 17/2010 de Lengua de Signos Catalana y el Estatuto de Autonomía de Catalunya), como en el ámbito estatal (a través de Ley 27/2007 de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas).
La acción legal interpuesta por Volem Signar i escoltar y APANSCE llega, según manifiestan portavoces de ambas asociaciones, tras asistir a “una reiterada vulneración de los derechos de niños y jóvenes sordos catalanes que a diario ven vetado su acceso a una educación efectiva en lengua de signos catalana”. Una situación que se debe, entre otros aspectos, a la ausencia de intérpretes de lengua de signos durante la totalidad del horario lectivo, y a las carencias que presentan los docentes de educación postobligatoria en institutos con alumnado sordo. “En muchos casos desconocen cuáles son sus necesidades y por tanto, las adaptaciones que requieren”, explican estas familias, que lamentan “no tener libertad, ni tampoco el apoyo de la Administración, para elegir una atención temprana y una educación que incluya esta lengua”.
Asimismo, ambas asociaciones cuestionan la actitud de algunos profesionales que “por sistema rechazan la incorporación de la lengua de signos en la intervención de estas niñas y niños sordos y mantienen que “desconocen que su aprendizaje favorece el acceso a la lengua oral, además de propiciar su participación e inclusión social”.{wbamp-show start}
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Al respecto, el presidente de la FESOCA, Albert R. Casellas, ha criticado que se “penalice a los estudiantes sordos y sus familias por el hecho de querer ser partícipes de una educación en lengua de signos”, y ha recordado que “la única manera de garantizar la igualdad y no discriminación en la educación de todas las niñas y los niños sordos, es mediante un buen acceso a la lengua de signos en las escuelas, y la interacción con otros niños sordos, así como con modelos de adultos sordos signantes”.
Por su parte, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, ha señalado que la oferta del modelo educativo bilingüe en lengua de signos es además de escasa, muy dispar, y ha manifestado su preocupación “por el reiterado incumplimiento del derecho de las familias a elegir una educación inclusiva en lengua de signos para sus hijos sordos”. Para Díaz, hay que “establecer unas bases mínimas de lo que es la educación bilingüe en lengua de signos, potenciar la creación de una red de centros con programas educativos bilingües en lengua de signos, dotarlos de los recursos necesarios y garantizar la formación continua de los profesionales que trabajan con la infancia y las familias teniendo en cuenta la perspectiva de las personas sordas”.
En este sentido, solicita a las instituciones públicas, tanto de ámbito estatal como autonómico, que cumplan lo que legislan y se comprometan con el derecho de la infancia y juventud sorda a recibir una atención integral de calidad, próxima y gratuita que incluya la lengua de signos. “Como sociedad, tenemos la obligación de educar a niñas y niños sordos felices, sumando recursos y apoyos, y no restando”, ha concluido.
