Ignacio Escolar vuelve a estar en el centro de una polémica una vez más. Si no hace muchos meses acudía a los juzgados para enfrentarse a Cristina Cifuentes por desvelar el caso de su master en la Universidad Rey Juan Carlos, hoy vuelve a plantar cara a Distrito Castellana Norte. La empresa, propiedad del BBVA en más de un 72%, achaca a esta publicación digital un delito de revelación de secretos de empresa, penado en nuestro país con entre dos y cuatro años de cárcel.
En uno de sus artículos firmado por su director, Ignacio Escolar, el periodista asegura que la empresa les ha hecho llegar un burofax en el que les piden que se abstengan de publicar información sobre operaciones concretas de esta compañía. En este sentido, el documento, se refiere a la publicación de un acta de la Operación Chamartín. Además, tal y como asegura Escolar en su artículo, piden la destrucción con carácter inmediato del documento del que sale la información. {wbamp-show start}
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La responsable de esta información, es una de las periodistas del diario digital, Fátima Caballero, quien ha sido la encargada de recibir un burofax por parte de la empresa, en la que se le prohíbe el uso y difusión de la información que contiene, así como su destrucción. La respuesta del periódico digital ha sido la negativa a estas peticiones, alegando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Nueva polémica tras el caso Cifuentes
Como decimos, Escolar y el resto de su equipo ya han pasado por situaciones como estas en ocasiones anteriores. Una de las más famosas es la que tuvieron con Cristina Cifuentes el pasado mes de junio, cuando el director de eldiario.es y Raquel Ejerique, una de sus periodistas tuvieron que acudir al juzgado por la publicación de informaciones relacionadas con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.
En aquella ocasión, el juez Pedro Antonio Domínguez fue el encargado de abrir una investigación también por descubrimientos de secretos. En aquel entonces, el magistrado abrió dicho proceso a pesar de que la Fiscalía no encontrase relevancia penal en la actuación de los periodistas.
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