El sector del motor, al igual que otras industrias, está en una constante evolución como consecuencia de la revolución tecnológica, la concienciación social y los cambios regulatorios a favor del medio ambiente. En los últimos años, se ha visto como las autoridades han tomado decisiones para frenar la contaminación dentro de las ciudades, con restricciones al tráfico, o frente al vehículo de diésel con el impulso de impuestos que gravan este combustible.
Toda esta revolución ha empezado a tener sus consecuencias en un tejido industrial que no sólo debe cambiar los productos que pone en el mercado sino la forma de producirlos. Esto conlleva unos gastos económicos que, desde el sector del motor, han comenzado a reclamar que sean compartidos por la propia industria y los gobernantes.
El sector ha apoyado sus reclamaciones al Gobierno en los más de 36.000 millones de euros que factura anualmente y en los miles de empleos que sostiene directa e indirectamente. Entre sus exigencias estarían el lanzamiento de un plan a favor del I+D+i o el aumento del importe destinado a las ayudas a la compra de vehículos alternativos, fijado para 2019 en 67 millones de euros cuando la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) considera que debería alcanzar al menos 150 millones en dos años.
Hay que destacar que la industria del motor en España cuenta con excelentes números en Europa (segundo máximo productor en Europa de vehículos y el primero si nos referimos únicamente a los industriales) ha logrado que el Gobierno rectifique y mueva ficha.
Maroto movió ficha
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reunía con miembros del sector la semana pasada y anunciaba que el Gobierno ha preparado un ‘Acuerdo Estratégico’ que se firmará durante los próximos días. Sin duda, este documento calmará los ánimos de una industria cuyos representantes habían presionado públicamente durante las primeras semanas de 2019.
El anuncio de este plan iba acompañado de alguna confesión por parte de la ministra: “Aquí, todavía tenemos tecnología poco avanzada“, al tiempo que reconocía que el “compromiso con el sector es mantener todas la unidades productivas, crear empleo y seguir creciendo”.
Tanto la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) como la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) han presionado para que el cambio evolutivo de la industria sea soportado por ambas partes. A los defensores del sector se les unieron también los defensores de los trabajadores. El sindicato UGT había denunciado la nula implicación del Gobierno en el futuro del sector y la ausencia de un plan estatal de formación para cubrir los nuevos puestos que se crearán a corto, medio y largo plazo tras la revolución en el sector.
Parece que todas las presiones realizadas en público han ido de la mano de un trabajo de asuntos públicos para lograr sacar al Gobierno un compromiso favorable al sector que favorezca la evolución de la industria al tiempo que mantiene los puestos de trabajo.
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