Los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Radio, Saül Gordillo, podrían ser procesados por Organización Criminal si el juez de instrucción considera oportuna la petición de la Fiscalía. La misma está dirigida a 28 de los 30 procesados por los preparativos del 1-O, aunque hasta ahora los delitos que se les imputaban eran los de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El escrito remitido por la Fiscalía al magistrado para solicitar que se les atribuya el delito de organización criminal relata que “existió un plan común y cada una de las personas dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación contribuyeron de manera decisiva en la consecución de la celebración del referéndum”.
Asimismo, se describe que se desarrolló una estructura jerárquica porque el proceso habría sido impulsado por el entonces president de la Generalitat, y que se habría llevado a cabo un reparto de las tareas para desarrollar la consulta ilegal. En el caso de los responsables de los medios de comunicación públicos, se considera que tuvieron un papel fundamental en la difusión de la convocatoria.
La petición del fiscal se ha producido cuando ya parecía que la investigación estaba próxima a su finalización y los acusados serían enviados a juicio. Además de los responsables de los medios de comunicación mencionados, también se habría solicitado que fueran procesadas por este delito las siguientes personas: Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Núria Llorach, David Palanques Bonavia, David Franco Sánchez, Francesc Sutrías Grau, Aleix Villatoro Oliver, Amadeu Altafaj Tardío, Albert Royo Mariné, Natalia Garriga Ibáñez, Pablo Raventós, Rosa María Rodríguez Curto, Francesc Fàbregas Bonet, Josue Sallent, Xavier Puig Farré, Rosa Vidal Planella, Frederich Udina Abelló, Martí Patxot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez Sanz, Josep Masolivé Puig, Angels Barbarà Fontdevila, Marta Garsaball Pujol y Daniel Gimeno Alcañiz.
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