El espectro radioeléctrico andaluz está fuera de control. La Junta de Andalucía es incapaz de poner orden y está haciendo la vista gorda ante la proliferación de nuevas emisoras ilegales, a pesar de haber ordenado en más de una ocasión (la última el pasado 6 de febrero) el cierre de muchas de estas frecuencias que carecen de licencia de la Dirección General de Comunicación Social.
Pero a pesar de lo contundente de la orden transmitida en los requerimientos enviados que exigían “el cese inmediato de las emisiones”, lo cierto es que son pocas las emisoras irregulares que han echado el cierre y muchas las nuevas frecuencias que han proliferado al margen de la Ley Audiovisual de Andalucía.
En lo que va de año -y atendiendo a la orden-, tan sólo han clausurados sus emisiones tres emisoras en todo el territorio andaluz. El resto, muchas de ellas pertenecientes a grandes cadenas, como SER y Cope, mantienen sus emisiones burlando así la resolución que insta al cierre de sus actividades por carecer de la correspondiente licencia administrativa, el denominado “título habilitante” que exige la propia ley andaluza aprobada en septiembre en el parlamento andaluz.
Y más piratas, aún
Prueba del absoluto caos que reina en el espacio radioléctrico andaluz es el hecho de que hace pocas fechas inició sus emisiones de forma irregular una nueva emisora de esRadio en la localidad sevillana de Écija, propiedad de Daniel León, dueño a su vez de otra cadena ilegal, La Fresca, con implantación en prácticamente toda la comunidad.
León arrancó su primer espacio en la programación de esta emisora con un largo soliloquio en el que se atrevió a verter duros ataques y descalificaciones de brocha gorda contra el gobierno local de Écija, la Junta de Andalucía y varios operadores de medios de comunicación, a los que llegó a tildar de “come pollas”, “envidiosos de mierda”, o “sinvergüenzas”, entre otros calificativos.
Tras asegurar textualmente que tiene “mucho poder” y que por eso algunos políticos se hacen “caquita” con él, el presentador justificó su proceder en que “todas las emisoras, legales o alegales tenemos cabida pero, aquí, si no se la comías al PSOE te daban por culo”.
El dueño de la nueva cadena reconoció abiertamente carecer de licencia para emitir, pese a lo cual “no tienen cojones” de cerrarla, se ufanó en antena. El locutor-propietario llegó, incluso, a explicar que ha montado 22 emisoras en toda España y que contrata con cientos de ayuntamientos sin mayor problema, práctica totalmente ilegal y prohibida para cualquier administración, según determina la Ley Audiovisual de Andalucía en su artículo 40, por lo que la dejación de la Junta es doble en este aspecto.
Efectivamente, la paradoja es que siendo la Junta de Andalucía la única competente en perseguir y sancionar a las emisoras que emiten sin concesión administrativa y, por lo tanto, sin capacidad legal para contratar publicidad institucional, la propia Junta vulnera ese deber de no contratarla, como es el caso de algunas emisoras de grandes cadenas que a diario emiten anuncios de la Junta o que incluso gozan de su patrocino directo para determinados eventos organizados por la emisora, como en más de una ocasión se ha podido observar con el político de turno colocado en la foto en primer tiempo de saludo.
En otros casos, la Junta infringe su deber de perseguir al resto de las administraciones, caso de no pocos ayuntamientos que mediante mecanismos a veces opacos -como cuenta en su filípica el propio Daniel León sin ambages- y que incluyen a estas emisoras ilegales en la contratación habitual o colaboran manifiestamente en la organización de sus actos públicos.
En su artículo 14.4, la Ley Audiovisual de Andalucía establece, de hecho, que es competencia de la Junta publicar “la relación de personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual que disponen de título habilitante con el objeto de promover que todas las campañas de publicidad institucional de las entidades locales que pretendan emitirse en servicios de comunicación audiovisual se realicen con dichas personas prestadoras”. La evidencia dice que eso dista mucho de ser verdad.
Daniel León acusa a la Junta de Andalucía de haber enviado cartas a sus clientes para que no se anuncien en sus emisoras, por lo que dice haberse querellado contra el exdirector general de Comunicación Social, Eugenio Cosgaya, al que tilda de “cagado”, y al que ha pedido un millón y medio de euros de indemnización.
Con todo, el mapa radiofónico de Andalucía vive momentos de gran convulsión sin que los responsables de la Junta hayan hecho nada para evitarlo, lo que provoca una flagrante inseguridad jurídica entre los operadores legalmente habilitados y el consiguiente menoscabo económico en sus ventas. La Ley General de la Comunicación Audiovisual de ámbito estatal contempla estas emisiones como “infracciones muy graves”. Mientras tanto, ahí están esas emisoras ilegales emitiendo cada día y contándolo sin tapujos en antena…
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