El presidente del Consejo de Administración del Grupo Prisa, Javier Monzón, ha sido imputado en la novena pieza del caso ‘Púnica’ por el juez Manuel García Castellón tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción. En este nuevo episodio del caso, también han sido imputadas las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y otros exconsejeros del gobierno regional como Manuel Lamela o Juan José Güemes.
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez solicitaron el pasado mes de agosto al juez la imputación de una serie de personas por su posible relación con la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Monzón ha sido incluido entre las personas imputadas por su relación con la empresa Indra, de la que fuera presidente; dicha compañía también ha sido imputada por el juez.
Todas las personas imputadas en este nuevo episodio del caso ‘Púnica’ deberán dar explicaciones, en calidad de investigados, por las presuntas irregularidades en la financiación de diversas campañas electorales del Partido Popular madrileño. Así, durante las próximas semanas deberán personarse en el Juzgado Central de Instrucción número 6; concretamente: Cifuentes deberá ir el 1 de octubre, Esperanza Aguirre el 18 del mismo mes y Monzón el día 4.
Operación ‘Púnica’
La operación ‘Púnica’ fue puesta en marcha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a instancias del juez Eloy Velasco, en octubre de 2014. En las primeras horas, fueron detenidas 35 personas, aunque este número aumentó hasta medio centenar; entre los implicados estaban políticos, ediles, funcionarios y empresarios, quienes se habrían beneficiado de una trama en la que cobraban comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos.
Entre los detenidos se encontraba Francisco Granados, quien fuera Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente del ejecutivo. Precisamente, una agenda encontrada durante el registro de su vivienda permitiría sustentar la imputación de nuevos miembros pertenecientes al Partido Popular.
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