Problemas para Prensa Ibérica. El grupo que comanda Javier Moll se enfrenta a una demanda de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias por el cierre de La Opinión de Tenerife, el periódico que finiquitó en abril. Tal y como revela David Cuesta en su cuenta de Twitter, el organismo exige la nulidad del acuerdo que conllevó el despido de la mitad de la plantilla.
El motivo por el que Dirección General de Trabajo del archipiélago ha entrado de oficio en este caso es el hallazgo de irregularidades en el acuerdo que firmaron la compañía y el comité de empresa, el cual conllevó 20 despidos, mientras que el resto de trabajadores se sumaron a la plantilla de El Día, que acababa de ser adquirido por el grupo. La vista judicial tendrá lugar el próximo miércoles 20 de noviembre en la sala de se celebrará el miércoles 20 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife.{wbamp-show start}
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Según Cuesta, entre las irregularidades que ha encontrado el organismo están la contratación de un mismo trabajador en dos empresas; un fraude de ley al ser el gerente, afectado por el ERE, propietario de la empresa; la prórroga de contratos temporales mientras se llevaba a cabo una reducción de la plantilla; la ocultación del listado de trabajadores afectados hasta el final del proceso; o la participación en la negociación de personas que no son representantes de los trabajadores, entre otros detalles.
La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha presentado de oficio una DEMANDA contra La Opinión de Tenerife, el periódico que cerró @PrensaIberica en abril, y su comité de empresa. Pide la nulidad del acuerdo que dio pie al despido de la mitad de la plantilla. pic.twitter.com/mheXboq14f
— David Cuesta (@DavidCuestaTV) October 15, 2019
El futuro de La Opinión de Tenerife comenzó a complicarse en febrero de este año, cuando Prensa Ibérica se hizo con El Día, lo que dio lugar a un conflicto de intereses. Este movimiento llevó a la compañía que dirige Javier Moll a cerrar La Opinión de Tenerife pocas semanas después, acabando así con dos décadas de trabajo.
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC-FeSP) protestó por la decisión, asegurando que los argumentos económicos que alega Prensa Ibérica para realizar el cierre eran “falsos”. “El cierre del periódico ‘La Opinión’ hace suponer que las razones nada tienen que ver con cuestiones económicas, sino que responde a intereses empresariales y mercantilistas con la finalidad de mantener una sola cabecera del mismo grupo en la isla de Tenerife”, remarcó la asociación.
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