El Confidencial y Moncloa.com han ganado una importante batalla a la Fiscalía Anticorrupción, que había llevado a ambas publicaciones ante los tribunales tras la publicación de informaciones acerca de los supuestos pagos que realizó Iberdrola al comisario José Manuel Villarejo. En el caso del primero, Nacho Cardero y Alberto Pérez Giménez, director y subdirector del diario, respectivamente, estaban imputados por desobediencia al seguir ofreciendo noticias acerca del caso; mientras que el segundo medio estaba acusado de utilizar los audios para extorsionar a varios empresarios.
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido archivar ambas causas indicando que “la decisión de prohibir a dos medios de comunicación la publicación de determinadas noticias incide directamente en el contenido del derecho fundamental a la libertad de información que protege el artículo 20 de la Constitución”, tal y como recoge el auto que ha difundido El Confidencial.
Además, el magistrado ha remarcado que las noticias sobre este caso “despiertan un evidente interés informativo, y que este tipo de noticias pueden contribuir a la formación de una opinión pública libre”. “El juicio de valoración que puede realizar un equipo de edición de un medio informativo a la hora de decidir publicar las grabaciones quedaría amparado, ‘prima facie’, por el derecho a publicar la noticia en su medio, y a comunicar libremente una información veraz con relevancia pública”, añade.
“Aun en el hipotético supuesto de que fuese el mismo Villarejo, o personas cercanas a este o de su entorno quienes hiciesen llegar la grabación al medio de comunicación, ello no impide que el medio de comunicación pueda difundirla, pues la decisión de hacerlo es legítima y está amparada por la Constitución“, se recoge en el auto, que señala que “trazar un hilo de culpabilidad que permita engarzar, de un lado, la difusión de una noticia relativa a una grabación presuntamente procedente de Villarejo en un medio de comunicación, con un concreto resultado en el procedimiento penal, resulta prácticamente imposible desde el momento en que la acción aparentemente antijurídica del periodista que decide lanzar la publicación o del medio que acuerda su difusión, está amparada por un derecho fundamental”.
Por su parte, Nacho Cardero ha celebrado la decisión del magistrado explicando que, “con el archivo del caso, se repara una situación anómala y arbitraria, que suponía un ataque intolerable a la libertad de prensa en tanto en cuanto se cercenaba el derecho de los ciudadanos a estar informados, un derecho fundamental recogido en el artículo 20.1 d) de la Constitución”.
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