El sector de la economía digital, representado por AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), ha manifestado su rechazo al impuesto digital en España. Ante el debate a la totalidad del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales en el Pleno del Congreso, previsto para este miércoles, solicitan al Gobierno de España que reconsidere su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional.
A través del Manifiesto del sector de la economía digital contra el establecimiento de un impuesto sobre determinados servicios digitales, las cuatro entidades advierten de los efectos negativos que esta medida tendrá para el conjunto de la economía española, que lo llevará a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global”.
AMETIC, IAB Spain, la Asociación Español de Startups y Adigital hacen especial hincapié en el impacto particular que tendrá sobre las pymes y las startups: “Aunque se supone que los umbrales del impuesto afectarían solo a las grandes multinacionales, en realidad aquellas subsidiarias que pertenecen a grupos nacionales más grandes que cumplieran los criterios fijados se verían plenamente afectadas lastrando su competitividad en un mundo tan globalizado”.
“Esta medida dificultará y ralentizará la digitalización de las empresas”
“Los acuerdos sobre cambios en las normas fiscales internacionales y en los principios generales del derecho tributario siempre deben tener lugar a nivel global, ya que es la única manera de garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional”, declara el manifiesto. Para las entidades firmantes de este manifiesto, una medida como esta solo dificultará y ralentizará el proceso de digitalización de las empresas y la economía en un momento en el que, a la luz de los acontecimientos de los últimos meses, es más necesaria que nunca. La digitalización, recuerdan, está íntimamente ligada al bienestar de la ciudadanía, al ser creadora de empleos de calidad, facilitar la conciliación, el acceso a la sanidad o la educación, e incluso como herramienta de reconexión de las zonas rurales.
Además, aseguran, se producirá una traslación del efecto del impuesto en la cadena de valor y la repercusión del impuesto en cascada impactará en las empresas de forma abrupta en un país en el que el 99,5% de las empresas son pequeñas y medianas, que en su conjunto representan 2/3 del PIB español y el 78% de los empleos. Por estos motivos, rechazan la puesta en marcha de este impuesto de manera unilateral en nuestro país y apoyan, por el contrario, una solución coordinada en el marco de la OCDE.
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