La llamada ‘nueva normalidad’ ha llegado para quedarse. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya recoge las medidas de prevención, contención y coordinación para controlar el coronavirus una vez finalice el estado de alarma.
Lo más destacado en este real decreto es el uso obligatorio de mascarillas, que seguirá vigente una vez concluya el estado de alarma. De esta forma, quienes incumplan esta normativa podrán ser sancionados con hasta 100 euros de multa.
La distancia de seguridad estipulada queda fijada en 1,5 metros. Se reduce, por tanto, en medio metro con respecto a la que se venía recomendando desde los organismos sanitarios. A este respecto, se pone de manifiesto que será obligatorio garantizar la distancia física de seguridad en los centros de trabajo, así como los turnos organizados para evitar aglomeraciones. Las empresas deberán adoptar medidas de limpieza y desinfección, además de proporcionar a los empleados EPIs, jabón o geles hidroalcohólicos.
Por otra parte, los servicios de transportes contarán con un sistema de regulación en la oferta de plazas y el volumen de ocupación. De esta forma, los diferentes operadores deberán regular este aspecto.
El real decreto declara a la Covid-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente. Por tanto, según se recoge en el BOE “los servicios de salud de las comunidades autónomas tendrán que garantizar en todos los niveles de la asistencia y, en especial, en la atención primaria, que a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas”.
También se establece que el sistema sanitario debe garantizar la capacidad para responder ante futuros incrementos en la transmisión del virus y el consiguiente aumento en el número de casos. “Las comunidades autónomas deberán garantizar las capacidades del sistema sanitario en materia de recursos humanos y elaborar planes de contingencia que permitan contar en un plazo de máximo de cinco días de entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes”.
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