El líder de la oposición ha reclamado reducir de seis a dos meses el confinamiento propuesto por el Gobierno para sentarse a negociar el resto de condiciones, una propuesta que ha sido rechazada de plano, a pesar de que el Ejecutivo ha insistido en las últimas semanas en solicitar al PP que apoyara la prórroga del estado de alarma. Se puede inferir, por tanto, que lo único que buscaba Moncloa eran los votos gratuitos de los populares, sin negociaciones. ‘No es el momento de poner palos en las ruedas’, ha dicho el Gobierno. Sería, en todo caso, ‘no es el momento de estar a palos’, a tenor del desprecio mostrado a la propuesta de Casado y a lo establecido por el Ejecutivo. Y es que Moncloa pasa las decisiones de aplicación a las comunidades, según la homilía de Sánchez, que volvió el domingo con su salmo de ‘resistencia’, para acostumbrarnos a no verle comparecer durante seis meses en el Congreso de los Diputados.
Seis meses de estado de alarma y de sitio nocturno y lo demás, se deja al civismo de los ciudadanos. Ni siquiera un salvoconducto romántico logrará derribar las murallas del confinamiento a partir de las 23 o las 24 horas, que para eso también las comunidades autónomas tienen margen para decidir. Así las cosas, y de prosperar la iniciativa del Gobierno, este año las uvas se tomarán más que en familia, en turnos de guardia.
La publicación en el BOE impide el bloqueo judicial en las autonomías, que pueden regular la movilidad por zonas sanitarias, barrios o distritos, aplicando así una suerte de cogobernanza del desconcierto que permite al Gobierno quitarse de en medio de esta segunda oleada después de que Sánchez nos dijera aquello de ‘hemos superado el virus’, para irse a descansar de vacaciones.
Seis meses de estado de alarma no hay moral ni economía que lo resista, sobre todo, si el mando lo ostenta quien nos dijo que los niños habían aprendido a lavarse las manos, que en nuestro país el consumo de internet había sido extraordinario durante el confinamiento, que las decisiones se apoyaban en el criterio de unos expertos que no existían, que la vacuna contra el Covid estaba más cerca y que apelaba a emociones de victoria como si el virus procediera del polvo de las trincheras.
Medio año de estado de alarma supone asumir la normalidad de la anormalidad y avalar el poder omnímodo de Sánchez, que no sólo evitaría dar explicaciones de su gestión en el Congreso, si no poder llegar a aprobar unilateralmente medidas que atañen a los derechos y libertades de los ciudadanos. El hecho de que se haya optado por un confinamiento blando y se haya delegado en las autonomías la aplicación de las medidas no quiere decir que políticamente sea aceptable establecer un único periodo de seis meses, entre otros motivos, porque es al Congreso de los Diputados a quien corresponde fiscalizar esta medida en función de la evolución del virus y de las explicaciones que el presidente está obligado a dar sobre la eficacia de las medidas adoptadas. Sin embargo, de aprobarse unilateralmente, esa decisión quedaría al albur del Ejecutivo.
Sánchez ha apretado el botón del pánico y el de la negociación de los Presupuestos. Todo lo demás, ‘peanuts’.
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