¿Son los medios de comunicación de nuestro país fieles a la información y completamente transparentes? La respuesta es un rotundo no si hacemos caso del último informe elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia que indica el suspenso de todos los medios de comunicación de nuestro país.
Únicamente cuatro nombres consiguen salvar los muebles, aunque limitándose a la categoría de translúcidos cuatro grandes grupos de comunicación. Atresmedia, Mediaset, Prisa y Vocento, siendo la de San Sebastián de los Reyes la compañía mejor parada del ranking que ha estudiado a 21 grupos de comunicación de nuestro país.
Este informe resalta el alto nivel de opacidad que desarrollan las empresas de comunicación a la hora de configurar los valores de la sociedad. Además, apunta que son en mayor medida las empresas cotizadas las que -por obligación- hacen público quiénes son sus propietarios. No obstante, no existen mecanismos jurídicos que refuercen la independencia editorial.
Las fuentes de financiación y la información que se conoce de ellas afectan de manera básica a la independencia de los medios, y por tanto a su credibilidad. En este sentido, únicamente el grupo Vocento vierte algún dato sobre los ingresos que obtiene procedente de la publicidad institucional. No obstante, el informe dedica un apartado especial a la publicidad institucional que emite la Generalitat.
La inversión publicitaria institucional en Cataluña
Este estudio recoge las asignaciones de la Generalitat a los medios de comunicación a través de la publicidad institucional. El Grupo Godó es el más beneficiado con asignación a siete de sus medios con más de 5,2 millones de euros anuales. Le sigue el grupo ARA, con más de 1,5 millones de euros anuales en publicidad institucional y Prensa Ibérica, con 1,4 millones de euros.
No obstante, Cataluña no ha sido el único foco de estudio. En elas 87 páginas que ocupa este análisis, también se apunta a que, en Andalucía, el Grupo Joly ha recibido una ayuda por parte de la Junta de Andalucía -ayuda que actualmente revistan los tribunales- de casi 8 millones de euros para un expediente de regulación de empleo.
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