La FEDE, afirma haber intentado reunirse con los responsables de la publicidad de la Administración en el Ministerio de Presidencia desde hace meses, sin recibir siquiera respuesta. Algo que no había ocurrido con el gobierno anterior, señalan. “Es evidente que la publicidad no está en la agenda de este gobierno y que la considera poco menos que un molesto trámite”, añade el presidente de La FEDE.
“Si se mantiene esta evolución, la transparencia de las licitaciones de publicidad desaparecerá completamente, perjudicada por la adjudicación directa basada en motivos de supuesta urgencia, plazos absurdos, y ausencia de oportunidades para las empresas que no sean de gran tamaño, todo ello en contra de los principios que marca la Unión Europea. Con ello perderemos una oportunidad de que estos fondos se empleen correctamente y beneficien a todo el tejido publicitario, incluidos los medios, pues no es de recibo que se excluya sistemáticamente a alguno de ellos, como el medio exterior, sin razón alguna”, ha declarado José Carlos Gutiérrez el presidente de esta asociación.
La FEDE se plantea, de seguir esta dinámica, el acudir a las instancias europeas pertinentes para denunciar estas prácticas pues los principios de la UE que indican la necesaria promoción de la pequeña y mediana empresa en los contratos públicos, ciertamente se ven vulnerados y menospreciados por el Estado.
En cuanto al concurso del acuerdo marco, con un valor de salida de 112 millones de euros para cuatro años, la presidenta de La FEDE-Agencias de España (integrada en La FEDE), Córdoba Ruiz, afirma que “no es de recibo que el concurso de mayor monto de la Administración y con una duración de cuatro años se tramite por procedimiento de urgencia cuando había una fecha bien conocida de caducidad para el anterior”. Para esta sección de La FEDE, en la que se integran agencias creativas y de medios de capital nacional, no hay tiempo material para preparar una oferta correctamente (el concurso de convocó el 18 de enero y el plazo finaliza el 3 de febrero).
Por otro lado, destaca, el pliego sigue manteniendo abierta la posibilidad de que haya ofertas de remuneración al 0% de comisión, una práctica contra la que La FEDE viene luchando desde hace años y que se ha recrudecido en los últimos tiempos, amparada por la entidad que orquesta el concurso, la CORA (Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación), que depende de Hacienda y que considera, por lo que parece, que los ministerios pueden obtener un buen servicio de ofertantes que no van a tener remuneración por su trabajo, ello puede llegar a considerarse una practica contraria a las necesidades y protección del libre mercado.
A esto hay que sumar, señala La FEDE que asegurar unos precios para un periodo de hasta 4 años, como piden los pliegos, sin un mecanismo de prevea movimientos del mercado, como un posible repunte de la inflación que algunos economistas ya anticipan, hacen de este concurso una auténtica ruleta rusa para las empresas adjudicatarias que, llegado ese caso, se verían obligadas a presionar a los medios hasta extremos insoportables o perder mucho dinero. Este es un juego, dice La FEDE, al que solo pueden jugar aquellas empresas con un tamaño suficiente como para asumirlo sin riesgo de desaparición.
La preocupación de La FEDE se extiende más allá de la Administración Central y las empresas públicas, y llega a las administraciones autonómicas y locales, que han entrado en una dinámica que parece imparable de adjudicar concursos por la vía de la urgencia y procedimientos sin publicidad, así como con un reparto a medios predeterminado, en los que no pueden participar las agencias. Algunos de estos concursos han sido recurridos por la asociación en el caso de considerar que infringían la Ley de Contratos del Sector Público, en muchas ocasiones con éxito, o denunciados públicamente cuando eran prácticas legales, pero ciertamente inadecuadas para obtener la mejor relación que garantice la prestación de un servicio idóneo, como han sido los casos de Aena, Alimentos de España o DGT. En estos dos últimos casos y a instancias de La FEDE, se prolongaron los plazos.
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