Pedro Pérez Fernández de la Fuente ha sido uno de los señalados en la guerra entre ‘La Última Hora’ y ‘El Confidencial’. El digital amparado por Unidas Podemos desempolvó las relaciones de Pérez con un socio del comisario José Manuel Villarejo, Adrián de la Joya.
Según dicho portal, “tiene intereses en sociedades vinculadas a Adrián de la Joya”. Una afirmación basada en un informe realizado por “investigadores de la Policía Nacional”, que resaltan su particiación en Titania, editora de ‘El Confidencial’.
Se trata de una nueva ocasión en la que Pérez vuelve a estar en la picota por sus relaciones inquietantes. En 2017 quedó al descubierto su papel como intermediario al servicio de Javier Pérez Dolset, fundador de la tecnológica Zed investigado por fraude e insolvencia punible.
Pérez Dolset reconoció las labores de intermediación de Pérez con respecto a Planeta, socio en el accionariado de Zed con quien mantenía serias discrepancias. Pero, además, el conocimiento de este asunto en el sector de la comunicación generó todo tipo de especulaciones, ya que hasta entonces, y a través de la pluma de Agustín Marco, ‘El Confidencial’ había dado aire a la versión favorable a Pérez Dolset y crítica con Planeta. Muchos ligaron dicha línea a las labores de ‘lobby’ de Pérez.
La presencia de Pérez en el accionariado de Titania ha sido compaginada con la de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) hasta 2013. Además, y según fuentes internas de ‘El Confidencial’, Pérez habría mantenido una columna con pseudónimo durante años en la sección de Cultura.
Al igual que la mayor parte del núcleo fundador de ‘El Confidencial’, Pérez procedió de la Telefónica de Juan Villalonga, de la que salió en 1999 con un cobro de 7,7 millones de euros (más de 1.200 millones de pesetas de la época) como exconsejero.
Durante años Pérez, junto a otro ‘telefónico’, Javier Revuelta, litigó al considerar que se les causó un daño patrimonial por haber tenido que ingresar a Hacienda esas cantidad a causa de una disposición de la ley del IRPF de 1999 declaradas inconstitucional a posterior.
Sus recursos fueron desestimados en 2015 por el Tribunal Supremo.
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