La segunda oleada del Observatorio de los Concursos Públicos de Publicidad referida al segundo trimestre de 2021 ha puesto al descubierto un dato: un 65% de las licitaciones incluyeron exigencias de facturación de los concursantes fuera de lo razonable, un 25% más que en el primer trimestre (51,7%).
El Observatorio de los Concursos Públicos de Publicidad que promueven la ACT, La FEDE y, desde esta oleada, el Col.legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, está preocupado. Dice que “este es uno de los caballos de batalla del sector en cuanto a la mejora de los concursos, ya que impide que muchas PYMES publicitarias, perfectamente capacitadas, participen en esos concursos, en contra del espíritu de la legislación europea y española”.
Para el Observatorio, “esta segunda ola ha registrado otros retrocesos sobre los criterios profesionales establecidos por las asociaciones del sector, si bien hay algunos, pocos, aspectos positivos”.
El objetivo de este Observatorio es verificar la evolución de los concursos creativos y de medios de las instituciones públicas respecto de una serie de criterios profesionales perfectamente encajables en la Ley de Contratos del Sector Público. Está realizado por Fernando Montañés, doctor y profesor de la UAM y la Universidad Nebrija a partir de los datos proporcionados por la empresa CIPESA y cuenta también con la colaboración y el patrocinio de INFOADEX.
Otros retrocesos
El estudio también revela que un 57,26% disponían de un plazo de presentación inferior a tres semanas. Para el Observatorio, “esto es un evidente paso atrás frente al 42% del primer trimestre”, pero la preponderancia de la oferta económica frente a la técnica o cualitativa se quedó ligeramente por debajo del trimestre anterior, con un 63,39 frente a un 65%.
Se ha notado, también, la ausencia de concursos cerrados a los medios y con exclusión de las agencias.
En contraparte, se ha avanzado en la obligación de que las adjudicaciones sean motivadas y comunicadas a adjudicataria y resto de licitadores, con más de un 61% y una mejora del 20%.
Entre los concursos más importantes convocados el trimestre pasado destaca uno de 25,9 millones de euros para SEM de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, el concurso de medios de ADIF y ADIF-Alta V, de 5,4 millones y el del Instituto Andaluz de la Mujer, de 3,3 millones de euros, todos ellos con algún incumplimiento de los criterios fijados.
Sobre el informe y los criterios
En el segundo trimestre de 2021 (del 1 de abril al 30 de junio) las administraciones públicas han convocado 1.404 concursos que solicitan directa o indirectamente servicios relacionados con la publicidad y la comunicación, con un presupuesto total estimado de 523,4 millones de €.
El mayor número de concursos, 527, solicitaban servicios de publicidad en general; 460, relacionados con Ferias y Congresos; 221, de Publicidad Directa; 63, de gestión y compra de Medios; 69, de Publicidad Exterior; 44, de Merchandising; y 5, gestiones sobre Patrocinio.
De los 1.404 concursos convocados, 117 (el 8,3%) fueron para la adjudicación de servicios de publicidad, creatividad, planificación y/o compra de medios, y tuvieron un presupuesto igual o superior a 100.000 €, por lo que cumplen las condiciones establecidas para ser analizados por el Observatorio de Concursos Públicos.
Los Concursos Públicos de Publicidad analizados por el Observatorio en el segundo trimestre de 2021 suman un presupuesto total estimado de 100.743.869 €, cifra bastante inferior a los 251.908.175 € que se convocaron en el primer trimestre, si bien confirma la enorme importancia de la inversión publicitaria de las administraciones públicas y la necesidad de que el proceso de adjudicación sea lo más transparente y objetivo posible.
Los incumplimientos
En comparación con el primer Trimestre de 2021, se incrementan los incumplimientos de los criterios establecidos por el Observatorio de los Concursos Públicos de Publicidad, con mayor porcentaje de concursos que solicitan una elevada facturación a las agencias participantes, de concursos que establecen exclusivamente la vía electrónica para la presentación de propuestas, y que dan un plazo de presentación inferir a tres semanas.
El único punto positivo es que se reduce tres puntos el porcentaje de concursos que establece la oferta económica como principal criterio de adjudicación por encima de las propuestas técnicas, aunque sigue siendo ampliamente mayoritario, ya que el precio ofertado es lo que se valora más en el 62% de los concursos analizados.
El criterio que más se incumple es la posibilidad de presentación de propuestas por otras vías además de la electrónica sin establecer otras posibles alternativas. El 97% de los concursos (113 de un total de 117) establece únicamente esa vía sin dar ninguna otra opción de presentación de la documentación necesaria para participar.
Un 94,8% (111 concursos) incumple además otros criterios y requisitos establecidos por el Observatorio de Concursos Públicos.
En segundo criterio más incumplido, por el 62,3% del total de concursos, es el referido al precio: 73 concursos establecen la Oferta Económica como el principal criterio de adjudicación, por encima de las propuestas técnicas.
Fuente: Observatorio de los Concursos Públicos
Los criterios
Los criterios se aplican a partir de un presupuesto a 100.000 euros de salida, que son los concursos llamados de mayor cuantía. A partir de ahí se analizan los siguientes puntos a cumplir
– Oferta Económica. Que la oferta económica no sea el principal criterio de adjudicación, por encima de otros criterios como la valoración técnica.
– Plazo de presentación. Ha de ser igual o superior a tres semanas
– Que los presupuestos no sean excesivamente reducidos en relación al servicio/trabajo que hay que realizar.
– Que no promuevan la baja excesiva. No debe admitir o promover la comisión cero o una baja excesiva.
– Que no restrinjan injustificadamente la libre competencia, por ejemplo, mediante requisitos abusivos (avales, licencias…) y no justificados. Concretamente, que se exijan avales previos por entre el 80% y el 100% del máximo permitido por la ley.
– Vías de presentación. Que tengan más que una vía de presentación y ofrezcan alternativas a la hora de presentar, por la posible existencia de problemas con la plataforma. Es habitual que se produzcan problemas técnicos y que haya agencias que no puedan participar.
– Exigencias de facturación razonables. Que no soliciten una facturación no acorde con el presupuesto de licitación, algo innecesario sobre todo si la empresa está homologada con la clasificación correspondiente. El baremo se ha establecido es que no se supere el 70% para los concursos de menos de 500.000 euros, y el 20% para los que tienen mayor presupuesto.
– Orden de apertura de ofertas: Que las ofertas económicas (criterios objetivos, mediante fórmulas) no se abran antes que las técnicas(criterios subjetivos, sometidos a juicios de valor), pues en ese caso el criterio de adjudicación pasa a ser fundamentalmente económico.
– Comités de Expertos: Cuando la Ley obliga a la constitución de un Comité de Expertos con alta implicación (más de un 50% de la puntuación), que esté constituido por expertos cualificados del sector publicitario, al igual que a los representantes cualificados de los públicos objetivos a los que se dirige la acción, y estos expertos sean dados a conocer en las bases de la convocatoria.
Fuente: Observatorio de los Concursos Públicos
Seguiremos informando…
