La gestión de la pandemia fue uno de los ejes centrales de debate en las últimas elecciones madrileñas. A finales de abril la cuestión estaba presente prácticamente en cada matinal o programa informativo. En este contexto, Ana Rosa Quintana aseguró que Pablo Iglesias “era el responsable de los geriátricos”. La frase, en la que aseguraba que el ex líder de Unidas Podemos había echado “en cara” a Ayuso “los fallecimientos en residencias”, fue pronunciada el pasado 22 de abril.
La noche anterior se había celebrado el primer debate de la campaña electoral madrileña, que fue emitido en Telemadrid, y a cuya emisión tuvieron acceso las cadenas privadas. Tras conocer las acusaciones que Ana Rosa había vertido contra él, Pablo Iglesias aseguró que emprendería acciones legales si la periodista no rectificaba su afirmación, pues consideraba que era “una mentira”.
En este sentido, aseguró que “si desde un programa de máxima audiencia se miente y se vierten insultos y descalificaciones personales contra un responsable político, ¿Cómo puede sorprendernos que luego alguien pase de las palabras a las amenazas, o de las palabras a las agresiones?”. Ante la ausencia de rectificación, Iglesias cumplió su palabra.
Telecinco se defiende
Ahora, tres meses después, el juzgado de Primera Instancia N.º 84 ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el ex vicepresidente del Gobierno. Según informa Público, desde Telecinco se negaron a rectificar. La cadena remitió un burofax a la abogada del ex líder de la formación morada, Mar Flores, para informarme de que no rectificarían.
La justificación de esta decisión era que la carta en la que Iglesias informaba a Telecinco de su intención de demandar al programa estaba firmada por Flores, sin que se acreditase de ninguna forma que esta era la representante legal de Iglesias. Además, desde Telecinco aseguraron que la afirmación de Ana Rosa era una opinión, y no una información.
Sin embargo, la justicia habría admitido a trámite la demanda porque en el artículo 1.23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid “establece establece entre las competencias del gobierno autonómico la ‘promoción y ayuda a la tercera edad incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación'”. Ahora la piedra está en el tejado de los demandados, a quienes la titular del juzgado de Primera Instancia 84 de Madrid ha dado diez días para que se pronuncien sobre la celebración de la vista.
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