Recientemente, la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se han reunido para trabajar de forma conjunta en una solución a la contaminación del Mar Menor. Pero Greenpeace reprueba que ese acercamiento no se hiciera ya hace un lustro, “cuando se dio el primer episodio de ‘sopa verde’ de 2016, ya que tomando decisiones antes no se hubiera llegado a la situación actual, que se podía haber evitado”.
La ONG ha publicado un informe que señala que el trasvase del Tajo-Segura es el origen de la extrema situación a la que se ha llegado, una obra que nos ha costado a los españoles de más de 2.000 millones de euros. Titulado El Mar Menor, una víctima del trasvase Tajo-Segura, el informe concluye que “el exceso de agua, generado principalmente por el aporte de agua a través del trasvase, ha traído consigo un aumento de la agricultura intensiva y su consiguiente contaminación de las aguas que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa”.
“Nos parece un error no seguir el dictamen del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua”, dice Julio Barea, doctor en Hidrogeología y responsable de la campaña de agua de Greenpeace.
El litigio de Greenpeace
Greenpeace tiene un frente abierto en los tribunales para salvar el Mar Menor. La organización ecologista se sumó en 2020, junto a Ecologistas en Acción y ANSE, a la investigación judicial del llamado “Caso Topillo”, que investiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna.
El caso nació en 2017 por la denuncia del entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo. En la causa que investiga el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, se investiga como posibles responsables de estos hechos a 80 empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental.
Seguiremos comunicando…
