La Asociación de Profesionales de las Relaciones institucionales (APRI), que agrupa a buena parte de los profesionales del lobby y los asuntos públicos en España, ha crecido en lo que va de año en más del 35%, hasta alcanzar los más de 200 profesionales y 16 organizaciones entre las que figuran asociaciones empresariales, consultoras de lobby, empresas y ONGs.
Estos datos demuestran el auge y proliferación de esta actividad pendiente de regulación en el Congreso y el Gobierno de España. Por esta razón, APRI acaba de concluir la firma de la actualización de su Código de conducta por todos los asociados. Este Código ha sido elaborado por el Comité Deontológico de APRI, presidido por Javier Valiente.
Con ello, los profesionales y organizaciones que pertenecen a APRI se anticipan a las exigencias de la iniciativa del Congreso de los Diputados, que este jueves ha debatido en el Pleno del Congreso la propuesta del PP para reformar el Reglamento de la Cámara con vistas a regular las relaciones entre los grupos de interés y los diputados en el ámbito parlamentario, una iniciativa que también ha presentado el PSOE, y fue aprobada su toma en consideración en Pleno del Congreso del pasado 25 de mayo pero sigue demorándose su aprobación.
Sobre el Código de conducta de APRI
La primera versión de este código data de hace 10 años y llega en un momento en el que el Plan de Recuperación de España traerá una enorme proliferación de reformas y normas en las que participarán los lobistas. El Código de conducta de APRI ha sido modificado para introducir mayor trasparencia y exigencia ética en el compromiso de sus profesionales ante la ausencia de regulación en el Congreso y el Gobierno de España.
Todos los socios de APRI han firmado expresamente ya este nuevo Código, compuesto por nueve principios, como condición indispensable para su continuidad en la Asociación. La Asociación ha reclamado la urgencia para aprobar la regulación de los Grupos de Interés en el Congreso, iniciativa que respaldan los lobistas españoles y los dos grupos mayoritarios del Congreso PP y PSOE, pero que no acaba de salir adelante por la falta de voluntad política.
“Los profesionales de los asuntos públicos somos los primeros que queremos que se dote de mayor transparencia y ética a las relaciones entre los grupos de interés y los diputados. Por eso seguimos avanzando en la autorregulación, y confiamos en que los grupos parlamentarios aprueben lo antes posible su regulación en el Congreso. Su retraso, llevaría a la desconfianza y la crítica por parte de la sociedad y de los organizaciones internacionales, que mantienen una vigilancia sobre España en esta materia”, dice Javier Valiente.
De la misma forma, APRI respalda la rápida tramitación de la regulación de los lobbies en el poder ejecutivo actualmente en elaboración por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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