El 6% de cuota para idiomas co-oficiales en las plataformas audiovisuales tiene estupefacto al sector. Y más después de que el entorno de ERC, con Gabriel Rufián a la cabeza, se haya apuntado el supuesto mérito de haber conseguido dicha cuota a cambio de su voto positivos a los Presupuestos Generales del Estado. El problema reside en que la propaganda choca, una vez más, con la realidad.
Un choque que llega hasta el punto de que el sector audiovisual, especialmente los integrantes con intereses en plataformas OTT, se pregunta si los promotores de la medida son conscientes de las dificultades que entraña su aplicación. Y no se trata tan sólo de una posible judicialización, sino de algo mucho más prosaico: las grandes plataformas tipo Netflix, Amazon Prime Video, HBO o Disney + lo tendrían, en principio, muy fácil para saltarse el acuerdo muñido por el Ejecutivo y ERC.
Lo que sucede con estas plataformas es que, dado su carácter transnacional y sus escasas vinculaciones con el país en el que operan -en este caso, España- no se descarta su apelación al llamado “principio de país de origen”, por el que una compañía se atiene a la ley en el país en que se encuentra su sede principal. En el caso de las ya mencionadas, la práctica totalidad mantiene escasas vinculaciones con España, más allá de alguna sede.
Fuentes del sector audiovisual insisten en señalar que, ante dicha medida, estas plataformas podrían optar, incluso, por acogerse a dicho principio o, llegado el momento, plegar velas y operar desde otros lugares, sin impedir por ello que siguiesen gestionando contenidos en castellano. Por eso no faltan quienes estos días se preguntan si el Ejecutivo y ERC han hecho dicho anuncio obviando esa posibilidad. E incluso si se trata de un brindis al Sol de Moncloa a los republicanos catalanes siendo conscientes de la dificultad que entraña su cumplimiento en dichas plataformas transnacionales.
Lo que sí parece mucho más claro es que las OTT ‘nativas’ -como Movistar +, Filmin, Atresplayer o Flixolé, entre otras- tiene más papeletas para verse a cumplir una medida sobre la que nadie les ha consultado y que cuenta con un claro sesgo político.
Además, esta nueva cuota, de salir adelante, supondría una carga más para este tipo de plataformas vinculadas, en la gran mayoría de los casos, a operadores nacionales que ya se ven obligados a asumir otras obligaciones relacionadas con el sector audiovisual.
