viernes, 21 enero, 2022

SENIOR PARTNER DE KREAB ESPAÑA, RESPONSABLE DE ASUNTOS PÚBLICOS, REPUTACIÓN & INTANGIBLES

Miguel Ferre: “Las empresas tienen derecho a defender sus posiciones en las instituciones porque también pagan impuestos y sostienen todo este aparato público”

EL TRABAJO DE FERRE Y SU EQUIPO CONSISTE EN AYUDAR A EMPRESAS O GRUPOS DE EMPRESAS A ENFRENTARSE TANTO A LOS RIESGOS COMO A LAS OPORTUNIDADES QUE LA POLÍTICA Y LA REGULACIÓN PUEDAN IMPACTAR EN SU NEGOCIO

Si bien la materia de Asuntos Públicos en España ha evolucionado rápidamente en los últimos años, es largo el recorrido que le queda para estar al nivel de Europa o de Estados Unidos

Miguel Ferre es el Senior Partner de Kreab España, responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles. Con él hemos conversado en exclusiva sobre Asuntos Públicos, una materia que está dando mucho de qué hablar y seguirá dando, porque el sector aguarda por su regulación en España.

El trabajo de Ferre y su equipo consiste en ayudar a empresas o grupos de empresas a enfrentarse tanto a los riesgos como a las oportunidades que la política y la regulación puedan impactar en su negocio, no solo a nivel de España sino en el entorno europeo y global. No en vano Kreab tiene presencia en más de 25 países.

Si bien la materia en España ha evolucionado rápidamente en los últimos años, es largo el recorrido que le queda para estar al nivel de Europa o de Estados Unidos. A su juicio, ya es difícil encontrar una empresa que no necesite gestionar riesgos o plantearse si tiene que aprovechar oportunidades que el marco de las leyes le puedan ofrecer.

En PRNoticias.com hemos querido ahondar sobre este tema, porque una cosa es mirar de reojo el auge en materia de Asuntos Públicos, y otra que te lo cuente un experto, desde su experiencia. En qué momento ha sucedido, cómo y por qué. Así nos los cuenta Miguel Ferre.

¿Cuándo eclosionó la disciplina de Asuntos Públicos en España y qué factores han influido?

La práctica ya existía, pero yo diría que de unos cinco años para acá ha sido cuando se ha notado esa evolución más brusca. Yo creo que es una evolución natural, es un proceso que tenía que darse. Se ha dado ya en capitales políticas. En Buselas, por ejemplo, toda la práctica de Asuntos Públicos está muy desarrollada y viene llamándose lobby, una palabra completamente legítima. Y en otros centros de poder político también está muy desarrollada. Pensemos en el modelo de los Estados Unidos, donde surgió esta industria realmente, alrededor de Washington. Es decir, de una forma u otra ha ocurrido lo que tenía que ocurrir.

Hablemos de Asuntos Públicos en España. ¿Estamos preparados como sociedad? ¿Los políticos están a la altura?

Yo creo que de alguna manera sí, pero no de forma completa. No todas las empresas o grupos empresariales son conscientes de esos riesgos y oportunidades regulatorias, y al no ser conscientes, no valoran adecuadamente si deben o no prestar atención a esta materia. Ha ido evolucionando pero aun queda una parte de asumir que existe ese riesgo y hay que gestionarlo, y a la vez lo que es la parte legislativa está en un proceso. Ya se han anunciado iniciativas tanto para la regulación de la materia en el ámbito del Congreso de los Diputados como del Gobierno Nacional. Es necesario tener una regulación que dé transparencia a estas relaciones de los que defendemos los intereses de nuestros clientes y se lo explicamos a los reguladores, que puede ser un diputado, un senador o un director general en un ministerio.

¿Qué haría falta para que esas empresas que no han valorado esos riesgos, lo hagan?

Creo que las cosas hay que dejar que funcionen de forma natural. Es una tendencia que va a darse, en todo caso. Igual que en estos cinco años hemos visto cómo ha evolucionado y el número de empresas interesadas en los Asuntos Públicos ha crecido mucho, dentro de tres o cuatro años seguiremos notando esa evolución. Más que buscar lo que hace falta, yo diría que las organizaciones van a darse cuenta de esa necesidad. Creo que hay que dejar que funcionen de forma natural las relaciones entre empresas y ellas detectarán esa necesidad. Ese marco normativo que regule la actividad de lobby va a ser algo que también ayudará, porque finalmente si se incorpora la transparencia eso va a transmitir a las empresas que defender sus intereses ante las instituciones es perfectamente legítimo. Eso le dará una estabilidad y el entendimiento de que es una relación perfectamente sana y legítima.

Hablemos del equipo de Kreab. ¿Qué es lo que más demandan los clientes y cómo le dan respuesta?

Creo que los clientes demandan esa capacidad de anticipación, necesitan poder prever, tener un calendario de toma de decisiones lo más estable posible, o por lo menos tener la capacidad para medir que pueden plantearse riesgos en un calendario concreto y cuáles van a ser los efectos de esos cambios regulatorios. También demandan esa capacidad de antelación ante la aparición de riesgos y tener la capacidad de explicarle a un parlamentario o a un miembro del poder ejecutivo cuál es su posición. En este sentido, Kreab hace de forma diferenciada un servicio global, porque al estar en tantos países esa globalidad le da una calidad al servicio de mayor amplitud, cubre todos los eventuales riesgos regulatorios en sus diferentes fases. Un 80% de las leyes que se aprueban en España tienen un origen en la Unión Europea, porque los Estados miembros hemos renunciado a nuestra soberanía, se la hemos cedido a una organización porque entendemos que nos genera unos beneficios de tener un mercado único interior y eso nos da más oportunidades para hacer mejores negocios y subir el nivel de vida de quienes viven en la Unión Europea. Eso Kreab lo tiene como elemento de diferencia, nuestra firma tiene una parte muy importante en Bruselas, y nosotros somos una pieza complementaria. Al final, el riesgo y la oportunidad regulatoria combina la perspectiva europea con la nacional y eso hará que los años venideros esa interacción de los reguladores europeos y españoles sea mayor.

Covid-19 y Asuntos Públicos. ¿Ha ayudado la pandemia a mejorar la materia o a empeorarla?

La pandemia ha significado unos cambios regulatorios muy importantes porque este gobierno y cualquier otro ha tenido que tomar decisiones, medidas, reales decretos y leyes con los que se ha intentado dar respuesta a diferentes retos que la pandemia ha generado a empresas que han tenido que cerrar, que no han podido prestar sus servicios. Las empresas, ante la perspectiva de verse afectadas por lo que eso supone, nos han pedido ayuda para poder transmitir o defender sus posiciones ante las instituciones. Efectivamente, la pandemia ha sido un punto de inflexión para esa reactivación de la consultoría de Asuntos Públicos porque ha supuesto un factor externo que ha cambiado la situación tanto a los reguladores como a las empresas, y eso nos ha obligado a ayudarles.

En algunos sectores, la palabra lobby causa rechazo. ¿Tenemos que perderle el miedo?

Podemos hacer pedagogía. El lobby es un término de origen anglosajón que se vincula precisamente a esta actividad de Asuntos Públicos en el entorno de Washington como capital, en un continente que tiene a unos Estados muy alejados de la capital, y tienen que mandar gente a esos pasillos, a esos lobbies a defender sus posiciones. Pero en una serie de países, España puede ser uno, hay una percepción peyorativa del término lobby. Hay palabras en castellano que son válidas y lo explican perfectamente, como consultoría estratégica de regulación y de Asuntos Públicos. Nadie puede obviar una circunstancia muy clara. Cuando se toman decisiones en un Ministerio, un Congreso o en el Parlamento Europeo, esas decisiones pueden perjudicar a sectores empresariales. Yo creo que es positivo que el legislador, el regulador, el gobernante, sea consciente de las consecuencias que puede tener un determinado proyecto de ley. Luego hará lo que considere oportuno. Pero nuestra labor es explicar y defender la posición de las empresas ante las instituciones. El objetivo último, sobre el tono peyorativo de la actividad, es reconocer que es algo necesario y que las empresas tienen derecho a defender sus posiciones en las instituciones. Es legítimo porque ellos también pagan impuestos y sostienen todo este aparato público y tienen derecho, por lo menos, a que se les escuche, así como tienen derecho a apoyarse en profesionales con este tipo de servicios para poder explicar su posición. Hay una frase que lo explica: tener la información es tener la capacidad de la acción, para unos y para otros. Tener la información de lo que significa la medida concreta de una ley para el regulador, y para la empresa, la posibilidad de desarrollar su acción.

Seguiremos comunicando…

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