Más de cuatro años después de que ocurrieran los hechos, este martes 8 de febrero arranca el juicio contra José María López, ex concursante de Gran Hermano Revolution, acusado de abusar sexualmente de Carlota Prado en 2017. La noticia saltó este lunes y ahora la productora del programa, Zeppelin, ha emitido un comunicado aclarando algunos puntos sobre su implicación en el caso.
Recordemos que el fiscal solicita a Zeppelin una indemnización de 6.000 euros por los daños ocasionados por mostrar el video de lo ocurrido a la concursante en el confesionario de la casa. La misma cantidad pide para el acusado, José María López, para quien también solicita una condena de dos años y medio de prisión. Por su parte, la defensa solicita una pena de siete años e indemnizaciones de 100.000 euros por daños morales, tanto al acusado como a la productora.
Así, Zeppelin manifiesta que “algunos empleados y ex-empleados de Zeppelin son testigos en el juicio oral contra el ex concursante de Gran Hermano“. En este sentido, aclaran que “responderán a preguntas que les hagan sobre lo que vieron o escucharon la noche de los hechos”. Aseguran, además, que en caso de que José María López no pueda hacer frente a la responsabilidad económica, “será la propia productora quien garantice que la víctima recibe su indemnización”.
Los puntos del comunicado
La posible indemnización derivada de una potencial condena al acusado deberá ser, como en cualquier proceso de esta naturaleza, provista por la persona condenada, en este caso, José María. En caso de que este no pudiera hacer frente a la responsabilidad económica, será Zeppelin quien garantice que la víctima recibe su indemnización en caso de insolvencia. Esta es la razón por la que Zeppelin figura como responsable civil subsidiaria en la causa y ya ha depositado el importe de la cuantía que se le podría pedir al potencial condenado, de cara a facilitar el proceso.
La relación de Carlota con Zeppelin fue siempre, mientras duró el concurso, de cercanía y confianza mutua. La productora y sus empleados actuaron, en todo momento, con la más firme voluntad de protegerla. Esto fue materializado por ella misma a través de repetidas muestras de agradecimiento al equipo desde que ocurrieron los hechos hasta su salida definitiva como concursante de aquella edición.
Sea cual sea la decisión judicial, Zeppelin desea transmitir que su trabajo y política de tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso de índole sexual seguirá siendo firme y claro. El avance de la productora por la creación de espacios seguros para las víctimas de violencia sexual se mantendrá más allá de este juicio, iniciativas que se sumarán a la creación, en 2020, de un protocolo específico de prevención y actuación ante situaciones de abuso sexual en entornos de alta visibilidad, entre otras medidas.
Por último, y con total independencia de la causa penal por abuso sexual, se ha producido una anomalía procesal por la que se ha mezclado en este mismo proceso una petición de responsabilidad civil (multa) a Zeppelin por daños morales. Existe un representante legal de la productora en el juicio dando respuesta a esta petición, aunque cualquier reclamación económica que no se deriva bajo ningún concepto de un hecho delictivo debe ser reclamada por la vía civil.
El juicio queda suspendido a expensas de una nueva fecha
A pesar del revuelo que había levantado la noticia, finalmente el juicio no se ha celebrado. La magistrada ha tenido que suspender la sesión después de que la denunciante no se haya presentado en los tribunales alegando “problemas psiquiátricos”. El encargado de dar la noticia ha sido el abogado de la víctima, que en torno a las 10:00h de la mañana ha justificado su ausencia pidiendo que se aplazara la sesión. Una petición a la que también se sumo la Fiscalía.
Tras ello, la jueza ha decidido suspender el juicio sin anunciar una nueva fecha para su celebración. Después, el letrado de Prado ha confirmado que “tiene un problema de salud y no está en condiciones de declarar”. A las puertas del juzgado ha denunciado un “error” en la instrucción frente a los micrófonos, asegurando que existen “serios indicios” de que hubo “penetración”. Por su parte, el acusado, José María Líopez, si había acudido a las dependencias judiciales, pero se ha marchado sin hacer declaraciones.
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