viernes, 2 diciembre, 2022

ESPAÑA IMPULSA EL SECTOR PÚBLICO DE LA I+D+I

El Gobierno da luz verde a la nueva reforma de la Ley de la Ciencia

UNA INICIATIVA QUE PRETENDE ARREGLAR EL DESAGUISADO ACTUAL, SEGÚN HA RECONOCIDO LA MINISTRA DE CIENCIA, DIANA MORANT

Este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que modificará la norma de 2011. Una iniciativa que pretende arreglar el desaguisado actual, según ha reconocido la ministra de Ciencia, Diana Morant.

El nuevo anteproyecto de ley es una iniciativa con la que el Ministerio de Ciencia e Innovación busca modificar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y que la comunidad científica ha valorado, pese a valorar positivamente varias mejoras, como insuficiente a la hora de abordar el reto de atraer talento investigador a nuestro país.

La nueva Ley de la Ciencia

“Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación”, afirmó Morant en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, donde compareció junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Unas 400.000 personas trabajan en España en ciencia e innovación, sectores golpeados desde hace años por la precariedad laboral, los tijeretazos presupuestarios y una burocracia obstructora. Morant, siendo consciente de esta realidad afirmó, que se trata de “un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de España y por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable”.

La reforma, proclamó Morat, “pone fin a la precariedad endémica en el sector público de la I+D+I”, mediante la creación de un nuevo contrato indefinido, en línea con la reciente reforma laboral. “Hasta ahora, el contrato más usado en la ciencia era un contrato de obra y servicio que tenía una duración máxima de cuatro años. Los grupos de investigación se veían obligados a romper el grupo cada cuatro años, y los investigadores quedaban sin contrato y teniendo que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Pasamos a la estabilidad, con contratos indefinidos, y por tanto este modelo acaba con la precariedad”, ha declarado la ministra.

La reforma fijaría por primera vez el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1,25% del producto interior bruto para financiar la I+D+I en 2030. El nivel actual es el 0,58%. “Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación, agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras”, ha declarado la titular de la cartera de Ciencia quien después no dudó en repetir en varias ocasiones que la reforma “blinda” una financiación pública creciente y estable, pero el texto es farragoso.

Este anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de “incorporación estable al sistema”. Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de “incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista”, interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, es decir, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como “investigador establecido”, que además conllevará mejoras salariales.

Puntos a solucionar con la nueva reforma

En España, gran parte del sueldo de los investigadores y los profesores universitarios depende de la evaluación de sus méritos investigadores en los años anteriores, a través de los llamados quinquenios. La reforma propuesta por Morant rectificaría la una polémica normativa impulsada en abril de 2019 por el propio Ministerio de Ciencia, entonces encabezado por el astronauta Pedro Duque. La actual normativa penaliza a los investigadores que han salido de España para formarse y regresan, ya que sus años en el exterior no se tienen en cuenta a la hora de calcular su sueldo en una plaza ganada por oposición. Este reconocimiento salarial solo se aplica ahora a la experiencia en los Organismos Públicos de Investigación, lo que deja fuera a los cerebros retornados y a los científicos de universidades, fundaciones y centros tecnológicos de las comunidades autónomas.

En la práctica, el Gobierno intenta que vuelvan los científicos emigrados pagándoles menos que a los que nunca se fueron. El gabinete de Morant da ahora marcha atrás. “Abrimos las fronteras, reconocemos los méritos de investigación realizados tanto en España como en el extranjero, en la totalidad del sector público y también en todas las universidades”, ha defendido la ministra.

La comunidad científica española lleva años denunciando una burocracia paralizante, que obliga a justificar hasta el más mínimo gasto con multitud de documentos y ralentiza la compra de materiales para los laboratorios. “La Ley Administrativa será reducida considerablemente, ya que un investigador ya no tendrá que estar justificando, por ejemplo, el ticket de un taxi o facturas de hace 10 años, sino que con esta reforma la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo”, ha detallado, al respecto de este problema, la ministra.

El anteproyecto también reconoce por primera vez al personal investigador sanitario, que dedica el 50% de su tiempo a investigar en hospitales y centros de salud. Según la ministra, el conjunto de reformas permitirá incorporar de manera estable a 12.000 personas en el sistema público de ciencia en los próximos tres años.

A pesar de los beneficios que supone la reforma, la comunidad científica ha recibido estos cambios con menos entusiasmo. La presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, la física Perla Wahnón, recordó este jueves que los sucesivos ministerios de Ciencia han utilizado el dinero reservado para préstamos, que habitualmente se queda sin gastar, para hinchar sus presupuestos reales. El anteproyecto comienza así su tramitación parlamentaria y ahora da paso a las negociaciones con el resto de los partidos políticos.

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