Radio Televisión Española ha salido al paso para desmentir una información publicada este martes por El Mundo . Lo ha hecho a través de un comunicado donde “desmiente categóricamente” la noticia “en la que se afirma que la Corporación culpa a las operadoras Telefónica y Euskaltel de tener un menor superávit previsto en el ejercicio 2021”. Esa reducción de sus beneficios, según el diario de Unidad Editorial, se redujo un 35% hasta situarse en 29,8 millones de euros.
“RTVE culpa a Telefónica y Euskaltel de que su resultado se contraiga un 35% hasta 29,8 millones de euros”, titula El Mundo. El contenido de la noticia también afirma que entre los planes de RTVE estaba cerrar las cuentas del primer ejercicio de José Manuel Pérez Tornero como presidente con un superávit de 46 millones de euros. Una cifra que, por tanto, y según el citado medio, se habría reducido un 35% tras las últimas estimaciones del ente público.
Para El Mundo esto se debe a que Telefónica y Euskaltel “no habrían cumplido con sus obligaciones de financiación de la cadena”. Una información que, como señalan desde este periódico, ha sido desmentida por las propias operadoras de telefonía. RTVE, por su parte, ha hecho lo propio a través del comunicado citado anteriormente.
“La noticia, titulada ‘RTVE culpa a Telefónica y Euskaltel de que su resultado se contraiga un 35% hasta 29,8 millones de euros’ no se atiene a la realidad y desde la Corporación no se señala, en ningún caso, a las operadoras sobre esta cuestión”, explican desde la Corporación. Aprovechan, asimismo, para reiterar “su satisfacción por haber obtenido un resultado después de impuestos de 29,8 millones de euros”.
‘El Mundo’ mantiene su versión
A pesar del desmentido del ente público, El Mundo no ha rectificado la información publicada este martes. El periódico dirigido por Francisco Rosell asegura que “las empresas de telecomunicaciones tienen que dedicar el 0,9% de sus ingresos brutos de explotación del año a la financiación de RTVE”.
En este sentido, explican que esta financiación no responde a “una transferencia al uso”, sino que “indirectamente y a través del Estado sí existe una inyección de las empresas privadas a la sociedad pública, como contraprestación a la renuncia de ésta a competir por el mercado publicitario”.
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