Las Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) han remitido de modo conjunto a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso diferentes propuestas referidas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de garantizar mayores derechos a los consumidores y usuarios. Ambas organizaciones esperan que puedan ser tomadas en consideración como enmiendas transaccionales en este último tramo del trámite parlamentario para la aprobación de la norma.
Entre esas propuestas se incluye la petición de que tanto la telefonía como la conexión a internet en movilidad se incluyan en el concepto de servicio universal, dando así cumplimiento al Código europeo de las Comunicaciones Electrónicas, a la Carta de Derechos Digitales y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de esa inclusión.
Exigen para ello que los servicios de comunicaciones vocales y de acceso a un internet de banda, ya sea ancha a través de una conexión fija o móvil, alcance los 30 Mbps para el uno de enero de 2023 y los 100 Mbps para el uno de enero de 2025.
En las zonas rurales
Es España sigue habiendo decenas de municipios sin cobertura móvil, o con una señal tan débil que apenas permite hacer llamadas o conectarse a internet, lo que limita el derecho de acceso a las comunicaciones de las personas consumidoras y usuarias residentes de estas zonas, y deja sin conexión a todas aquellas que las visitan por razones turísticas, laborales, familiares o de otra índole.
CECU y AUC reivindican también que, en aquellos casos en los que un operador de servicios vocales y de banda ancha en movilidad no cuente con cobertura propia, ni pueda llegar a acuerdos voluntarios con los operadores de red presentes en un determinado núcleo de población, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pueda imponer las condiciones para establecer un uso compartido de la red que garantice la prestación adecuada del servicio.
CECU y AUC señalan, en ese sentido, la paradoja de que en el territorio de la UE podamos disfrutar de cobertura móvil al mismo precio, gracias a los acuerdos entre operadoras y a la normativa europea sobre roaming vigente desde junio de 2017, y, sin embargo, dentro de España no contemos con mecanismos regulatorios que obliguen a dichos acuerdos de itinerancia, como sí existen en otros países de nuestro entorno.
Las dos asociaciones piden que, en materia de precios minoristas, se tenga en cuenta la situación de las personas consumidoras y usuarias consideradas vulnerables por razones socioeconómicas, garantizando su acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a las telecomunicaciones.
Seguiremos comunicando…
