El Gobierno español no ha logrado convencer a Europa para que acepte su prepuesta para rebajar el precio del gas. Las intenciones del Ejecutivo liderado por Sánchez pasaban por establecer el tope del precio del gas en 30 euros tanto para España como para Portugal, algo que desde Bruselas ya han descartado.
Las negociaciones, que por parte de España han tenido a la ministra Teres Ribera como principal interlocutora no han llegado al destino esperado por Sánchez. Desde Europa han establecido un criterio en el que el precio del gas estará limitado a 50 euros -20 euros más que la propuesta- aunque amplían el periodo de ejecución de seis a doce meses.
A pesar de que desde el Gobierno se han mostrado satisfechos con el resultado de las conversaciones, la realidad es bien distinta. Las empresas gasistas ni están dispuestas a renunciar a los beneficios ni el Gobierno les ha pedido que lo hagan. Por lo que serán los consumidores los que tengan que hacer frente a estos costes de una u otra manera.
Aquí entran en juego los dos tipos de tarifas que existen en nuestro país: la regulada, que impera en el 20% de los hogares españoles, y la tarifa libre, presente en el 80% restante. Será este último el que tendrá que afrontar en sus facturas el coste extra del acuerdo del Gobierno. Es decir, entre ese tope de 50 euros y el precio de mercado, de tal manera que la luz subirá en 8 de cada 10 hogares españoles.
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