El acto de presentación ha sido Inaugurado por Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud, que cedió la palabra a Juan José García Ferrer, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, que ha destacado la importancia de los sociosanitario en cada una de los aspectos que afectan especialmente al colectivo de los mayores.
El documento ha denunciado, en primer lugar, que en España “no existe un modelo uniforme de prestación ni de coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales, ni existen verdaderos sistemas de provisión integrada de estos servicios”. Por ejemplo, Canadá cuenta con “uno de los modelos más avanzados a nivel internacional”, que podría aportar a España una “perspectiva real” sobre cómo avanzar “manteniendo las identidades de ambos sistemas y trabajar en la coordinación de la atención a una población con necedad de atención sociosanitaria, entorno a un perfil determinado previamente”.
Propuestas recogidas en el informe
El presidente de la Fundación, Alberto Giménez Artés, ha explicado algunas de las propuestas del informe, como la necesidad de una historia clínica “sanitaria y social conjunta e interoperable”. Reclamando a su vez una legislación diferente a la hora de prescribir y proveer los servicios, teniendo en cuenta “cuántas personas y durante cuantos días permanecen en un hospital de agudos o de media estancia, consumiendo ineficientemente estos recursos por falta de una respuesta social a sus necesidades”.
Además, el texto recoge la falta de sintonía entre las administraciones social y sanitaria que tienen áreas de trabajo con límites no definidos, los cuales pueden ser competencias de ambas. “Falta de impulso y liderazgo para crear unos órganos de coordinación formados por profesionales de uno y otro campo” han apuntado desde la Fundación, sin olvidarse de la “inexistencia de adecuados canales de información y herramientas que permitan a los órganos de coordinación y a los responsables de los servicios el conocimiento de la situación sanitaria o social en la que se encuentre la persona o las previsiones que se desprendan de su historial”.
Giménez Artes ha aprovechado la ocasión para informar de “falta de presupuestos debido, entre otras cuestiones, a una visión excesivamente cortoplacista que impide adoptar políticas de continuidad asistencial que ciertamente suponen un mayor desembolso a corto plazo, pero un importante ahorro a medio y largo plazo”.
Más camas para rehabilitación
Otro de los aspectos recogidos por el informe es la falta de camas de media estancia, convalecencia o rehabilitación, y es que se trata de una carencia evidente. “Cada vez es más urgente incorporar este tipo de camas debido al éxito en la fase aguda que salva la vida a las personas pero que una vez estabilizadas no reciben la adecuada atención en su fase postaguda, bien sea puramente sanitaria o bien sociosanitaria” ha explicado también el presidente.
Y es que, “los recursos deben ajustarse a las necesidades, asegurando una continuidad asistencial en la que se incluye necesariamente la atención sociosanitaria para lograr mejores resultados en salud y más eficiencia. Una mejor atención sociosanitaria evitaría más de 1.000 derivaciones diarias de los centros de mayores. Por cada 1.000 personas que rehabilitamos recuperando su independencia, con un gasto total de 18 millones de euros, evitamos un gasto de 120 millones que supone el gasto en una residencia de mayores de esas personas con una esperanza de vida de diez años” ha remarcado.
Los centros sociosanitarios
El informe, editado en formato libro, ha sido elaborado por José Ignacio Nieto García, experto en política y gestión sanitaria; el jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe (Madrid), Leocadio Rodríguez Mañas; el coordinador del Espacio Sociosanitario de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, Carlos Peña Laguna; y Fernando Vicente Fuentes, que ha desempeñado, entre otros cargos, el de director general de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud.
Un nuevo paso que tiene sus antecedentes en el proyecto que la Fundación Economía y Salud puso en marcha en 2018 con la reunión de más de 40 expertos y que actualmente, insta a terminar con “los equívocos y la inseguridad” que plantea la utilización “indiscriminada” del término sociosanitario, así como a establecer procedimientos y mecanismos con carácter general para garantizar una asistencia sanitaria “de calidad y sostenible, así como garantizar el sistema de los servicios sociales (gastos y sistema financiero)”.
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