Según han mencionado los miembros de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) un proyecto dirigido a cuidar de los más mayores deb ir siempre con perspectiva a largo plazo por parte de los responsables públicos, con el fin de dar respuesta a las principales necesidades actuales a las que se enfrenta este colectivo y que nos afectan a todos.
Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta de AESTE, Natalia Roldán, durante su intervención en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la que se ha trazado la hoja de ruta del sector de la dependencia que sería necesaria en los próximos meses.
Y es que, “si el cuidado de los mayores ha sido siempre importante, y tras el paso de la pandemia se determinaron como servicios esenciales aquéllos vinculados con la dependencia, como es posible que no lo sean ahora para garantizar la financiación de sus cuidados”, ha subrayado Roldán.
En concreto, hay que tener en cuenta. que el sector de la dependencia aúna los servicios de residencias, centros de día y ayuda a domicilio y, en conjunto, aportan una facturación anual de 7.000 millones, lo que supone un 0,6% del PIB y da empleo a más de 300.000 personas.
Cuidados de calidad
Ya en 2019, según datos del INE más de 850.000 personas mayores de 80 años vivían solas en España. Unas cifras que aumentaron con la llegada de la pandemia y que reflejan por si solas la necesidad en la que incide la AESTE de que se alcance un sistema de cuidados de calidad, “accesible” para las personas mayores que requieran esos servicios, flexibles según varíen las necesidades, de libre elección para los usuarios, y con una financiación que garantice su sostenibilidad en el tiempo.
Ahora bien, para que esto sea posible los miembros de esta asociación han destacado como fundamental la existencia de una colaboración público-privada para conseguir un sistema de atención a la dependencia y que por tanto, sea capaz de dar respuesta a las necesidades del colectivo de personas mayores, un grupo de población que actualmente representa a más del 20% de la ciudadanía estatal.
“Hay que conseguir un sistema robusto que, con todos los actores implicados, garantice los mejores cuidados a las personas. Tiene sentido que apostemos por la atención a la cronicidad sin hacerlo, de forma paralela, por los servicios de cuidados que se requieren a posteriori. Hablamos de los derechos de las personas mayores de hoy, que serán los nuestros en el futuro”, ha añadido Roldán.
Dicho esto ha alertado de que el Acuerdo de Acreditación aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales “aleja, aún más”, del derecho al 5% de plazas residenciales marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incrementa los costes generando mayor presión para la economía de las familias y de las comunidades autónomas, además de generar “gran incertidumbre” para el abordaje de nuevos proyectos que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas, “frenando”, a su vez, inversiones que generan puestos de trabajo.
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